Bogotá, febrero 25 de 2026 – El presidente Gustavo Petro y su administración enfrentan una nueva controversia en torno al sistema pensional tras la publicación de un borrador de decreto que, de ser expedido, ordenaría el traslado exprés de más de 25 – 27 billones de pesos desde las cuentas individuales de los afiliados a fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, el régimen público de prima media.
La propuesta, impulsada por el Ministerio del Trabajo, busca reglamentar el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 —conocida como reforma pensional— y establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran estos recursos en favor del sistema público.
Según la exposición del proyecto, la medida aplicaría a los afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de oportunidad de traslado”, un mecanismo que permite cambiar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones.
Críticas desde el sector pensional
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) ha expresado su preocupación por lo que considera un giro normativo que contraviene lo estipulado en la reforma pensional. El gremio advierte que los recursos de estas cuentas de ahorro individual deberían permanecer en los fondos privados hasta que el afiliado consolide su derecho a pensión, y posteriormente ser transferidos al fondo público de ahorro administrado por el Banco de la República, no directamente a Colpensiones.
“El proyecto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos […] lo cual implica liberar recursos del Presupuesto General de la Nación por un monto equivalente y podría afectar la sostenibilidad futura de la reforma y de las finanzas públicas”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en declaraciones recogidas por medios nacionales.
Los líderes del sector también han solicitado una revisión detallada del alcance del proyecto antes de su expedición definitiva, advirtiendo que el traslado anticipado de estos recursos “cambiaría las reglas de destinación del ahorro pensional definidas en la reforma”.
La defensa de Petro y la reforma suspendida
Frente a las críticas, el presidente Petro ha defendido el borrador del decreto y ha asegurado que no es ilegal, puesto que la reforma pensional, aunque aprobada por el Congreso, aún no está vigente debido a que la Corte Constitucional mantiene suspendida su implementación mientras se realiza la revisión de constitucionalidad.
El mandatario también ha señalado que los traslados de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se vienen realizando desde antes de su gobierno y que la medida busca avanzar en cambios estructurales que, según él, permitirán que más personas accedan a condiciones de pensión más favorables.
Un debate con impacto político y económico
La discusión alrededor del decreto pone en el centro la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia y la forma en que se administran los ahorros de millones de trabajadores. Por un lado, el gobierno insiste en avanzar en cambios que, en su visión, fortalecerían al régimen público y ampliarían la cobertura; por otro, los fondos privados alertan sobre riesgos legales y financieros que, afirman, podrían derivarse de una aplicación prematura de normas aún en revisión judicial.
La polémica se presenta en un momento clave del debate pensional en el país y podría tener implicaciones importantes tanto para el futuro del sistema de pensiones como para la confianza de los afiliados en la seguridad de sus recursos. La expectativa ahora se centra en la decisión final del Ejecutivo sobre la expedición del decreto y en la respuesta que pueda dar la Corte Constitucional ante este nuevo capítulo de la reforma pensional.
