Se revelan graves dudas sobre requisitos del candidato más votado a la Rectoría de la UPC

Valledupar, marzo 2 de 2026 –  Un nuevo manto de dudas cubre el proceso de designación de rector en la Universidad Popular del Cesar, luego de que saliera a la luz una denuncia que cuestiona la validez de la experiencia académica presentada por Guillermo Andrés Echavarría Gil, el aspirante que obtuvo la mayor votación en la reciente consulta estamentaria.

La información señala que Echavarría habría acreditado parte de su experiencia mediante certificaciones expedidas por Uparsistem, entidad educativa que no figura como institución de educación superior, sino como centro de educación para el trabajo y el desarrollo humano. El punto no es menor: el Acuerdo 038 de 2004 exige expresamente un mínimo de cinco años de experiencia en educación superior para aspirar a la Rectoría.

Un cambio de criterio que genera sospechas

Lo más delicado del caso no es solo el origen de la certificación, sino la actuación del Tribunal de Garantías Electorales. Inicialmente, la candidatura de Echavarría fue rechazada por no cumplir el requisito de experiencia. Sin embargo, tras un recurso, el mismo Tribunal cambió su decisión y terminó avalando seis años de experiencia académica.

La pregunta que hoy recorre los pasillos universitarios es simple y contundente: ¿sobre qué base jurídica se validó esa experiencia? ¿Se verificó rigurosamente que la entidad certificadora cumpliera con la condición de institución de educación superior? Hasta ahora, no hay explicación pública clara.

El Consejo Superior guarda silencio

Pero el foco de la crítica no se limita al Tribunal. La mayor presión recae ahora sobre el Consejo Superior Universitario de la UPC,  instancia que tiene la última palabra en la designación del rector.

A pesar de la gravedad de los cuestionamientos, el Consejo no ha emitido un pronunciamiento oficial que despeje dudas ni anuncie una revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes. La ausencia de una postura firme empieza a interpretarse como una peligrosa indiferencia institucional frente a un tema que compromete la legalidad del proceso.

Si el máximo órgano de dirección universitaria procede a designar rector sin esclarecer estas denuncias, podría quedar en entredicho la legitimidad de la elección y abrir la puerta a eventuales demandas de nulidad.

Transparencia bajo presión

La situación es aún más delicada si se tiene en cuenta que la UPC atraviesa un proceso que debería ser ejemplar en transparencia y rigor académico. La comunidad universitaria —estudiantes, docentes y egresados— participó en una consulta cuyo resultado ahora depende de la validación institucional.

Designar rector sin resolver de fondo estas inconsistencias no solo sería un riesgo jurídico, sino un golpe a la credibilidad de la Universidad Popular del Cesar como institución pública.

En momentos en que el país exige mayor pulcritud en los procesos de elección y designación, el Consejo Superior tiene la responsabilidad histórica de actuar con absoluta claridad. Callar, en este contexto, no es neutralidad: es asumir el costo político y jurídico de cualquier irregularidad que no se investigue a tiempo.