Cartagena, marzo 3 de 2026 – El Gobierno nacional puso sobre la mesa un ambicioso plan para transformar el campo colombiano en la próxima década. Se trata del Conpes 4184, un documento de política pública que traza la hoja de ruta de la reforma agraria entre 2026 y 2036 y que contempla una inversión cercana a los $18 billones, en su mayoría provenientes del Presupuesto General de la Nación.

La apuesta, liderada por el Ministerio de Agricultura y articulada a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria, incluye 146 acciones y compromete a 26 entidades del Estado. El objetivo central: enfrentar la histórica concentración de la tierra, reducir la desigualdad rural y cerrar brechas sociales en el campo.

El plan se organiza en seis grandes frentes. El primero apunta a la redistribución de tierras, aguas y otros bienes naturales, un tema que ha estado en el corazón del conflicto agrario colombiano. El segundo busca ampliar el acceso a activos productivos rurales, como maquinaria, infraestructura y herramientas que permitan mejorar la producción.

También se propone fortalecer la institucionalidad agraria y poner en marcha una justicia especializada para resolver conflictos de tierras, además de reconocer e incluir a los llamados “sujetos populares del campo” —campesinos, comunidades étnicas y pequeños productores— dentro de las decisiones públicas. El último eje aborda la sostenibilidad y la gestión de riesgos climáticos, un tema cada vez más urgente frente a los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola.

Durante la presentación del documento en Cartagena, en el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Icarrd+20), la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, aseguró que es la primera vez que el país cuenta con una política de reforma agraria estructurada a largo plazo. Según explicó, el Conpes busca enfrentar de manera directa la desigualdad en el acceso a la tierra y al agua, que considera un problema estructural y no una falla coyuntural.

El diagnóstico del Gobierno parte de que el atraso productivo, la pobreza rural y las desigualdades territoriales no son hechos aislados, sino el resultado de un modelo agrario que durante décadas concentró recursos y limitó el acceso de amplios sectores rurales a oportunidades económicas y participación política.

Además, el documento se apoya en recientes cambios normativos, como el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural y el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada.

Con esta política, el Ejecutivo busca impulsar una transformación estructural en la Colombia rural, una promesa que ha sido recurrente en distintos gobiernos, pero que ahora cuenta con una hoja de ruta concreta, metas definidas y un presupuesto proyectado para los próximos diez años. El reto, como siempre en el campo colombiano, estará en pasar del papel a la realidad.