La audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero volvió a quedar suspendida luego de que la investigada no se presentara nuevamente ante la justicia, argumentando que aún no cuenta con un abogado de confianza que la represente en el proceso. La diligencia estaba programada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, pero terminó siendo aplazada por segunda ocasión.

La sesión judicial se instaló hacia las 10:20 de la mañana ante el Juzgado 79 de Control de Garantías, despacho que asumió el caso después de que una primera audiencia, fijada para el 27 de febrero, tampoco pudiera realizarse debido a la ausencia de Guerrero.

Durante la diligencia, la jueza informó que la investigada envió una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para pedir la reprogramación del proceso mientras logra organizar su defensa.

Según el mensaje remitido por Guerrero, “aún no cuento con un abogado de confianza que me represente”, razón por la cual solicitó más tiempo para definir su equipo jurídico antes de enfrentar la imputación formal de cargos.

Fiscalía decidió no pedir detención domiciliaria

En medio del proceso, la fiscal del caso, Jessica Montenegro, explicó que prefiere que la audiencia se reprograme para incluir en la misma diligencia la exposición completa de los hechos investigados, los cuales también involucran a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José.

Además, el ente acusador confirmó que no solicitará una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Guerrero, por lo que podrá continuar el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

La investigación por presuntos títulos académicos irregulares

El proceso judicial gira alrededor de la presunta utilización de títulos universitarios irregulares que habrían sido utilizados para aspirar a un alto cargo dentro del Gobierno nacional.

De acuerdo con la investigación, Guerrero habría cargado documentos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) como parte de su aspiración para convertirse en viceministra de Juventudes durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los documentos cuestionados aparecen dos títulos académicos expedidos por la Fundación de Educación Superior San José: uno como contadora pública y otro como tecnóloga.

Las autoridades sostienen que ambos diplomas presentarían inconsistencias en su expedición, lo que también llevó a vincular al proceso a directivos de esa institución educativa.

Por ahora, el caso sigue en etapa preliminar mientras se fija una nueva fecha para la audiencia de imputación, diligencia clave para determinar los cargos formales que enfrentará la investigada.