Valledupar, 24 de julio de 2024
El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, explicó las dificultades y las implicaciones sociales y jurídicas que llevaría el desalojo de los predios del Mayor Pimienta, por el cual, debe pagar 3 días de arresto según el juzgado Quinto del Circuito de Valledupar. Orozco señaló que, aunque la orden judicial debe ser acatada, las condiciones actuales hacen casi imposible su cumplimiento sin generar un “desastre” social.
«Gracias a Dios estoy tranquilo y con mucha solidaridad del pueblo vallenato, pero con ganas de seguir trabajando para poder garantizarle a estas personas que están en este problema alguna salida digna», afirmó Orozco.
Explicó que la sentencia, emitida en 2011, no refleja las condiciones actuales: «Este es un tema que lleva muchísimos años. Es una sentencia del 2011 donde las condiciones desde esa época acá han cambiado muchísimo. En esos asentamientos tenemos más de 30.000 personas, unas 8.000 familias, incluyendo personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños. En Valledupar, tenemos los más altos índices de pobreza multidimensional y todo esto es un problema social que supera la capacidad del municipio».
El alcalde subrayó que cumplir con el desalojo requiere la colaboración de diversas entidades nacionales e internacionales. «Tenemos que recurrir a organismos nacionales e internacionales: la Presidencia de la República, la Personería, la Defensoría, Migración y Bienestar Familiar. Este es un problema de todos», añadió.
El abogado Luis Carlos Ramírez Ariza sugirió la posibilidad de invocar la figura de «estado de cosas inconstitucional», dado que el problema ha escalado con el tiempo. Orozco indicó que esta es una opción que están considerando con su equipo jurídico.
«Estamos revisando todas las alternativas posibles y vamos a tratar de buscar una solución definitiva. Mientras tanto, vamos a cumplir la orden del juez. Yo creo que eso tampoco va a solucionar el problema. Nosotros vamos a estar cumpliendo los tres días de arresto, pero yo, por esta gente, voy con gusto a cumplir esa orden. Pero no podemos hacer una masacre ahí; eso sería un desplazamiento».
Sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del propietario, Orozco señaló: «No lo tengo claro. Sé que la sentencia lo dice y eso habrá que revisarlo. Tendrá que venir un batallón completo para poder ejecutar una orden de esas. Vamos a acudir a los organismos de Derechos Humanos, la Personería del Pueblo y la Defensoría para que coadyuven en todas las iniciativas jurídicas que vamos a emprender».
En cuanto a los estudios socioeconómicos de las personas que residen en los predios, Orozco explicó que están recopilando información de diversas entidades para actualizar el censo. «Podemos garantizar que el 99% de las personas que habitan ahí son gente buena que por una u otra circunstancia les ha tocado estar en esas partes», dijo.
Finalmente, Orozco expresó que están trabajando en coordinación con la gobernadora y otros organismos para buscar una solución conjunta.
«Queremos tocar las puertas de la gobernadora, que ha estado atenta a esta situación. Vamos a hacer una mesa de trabajo con los parlamentarios y demás instituciones. Este es un problema de todos los organismos y de todos los vallenatos», concluyó.
