La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro ha reaparecido como uno de los temas más polémicos del panorama político colombiano al cierre de 2025, generando intensos debates sobre su viabilidad, sus objetivos y sus implicaciones institucionales y sociales.

¿Qué propone Petro y por qué ahora?

Petro ha impulsado la idea de una Constituyente como un mecanismo para enfrentar lo que considera bloqueos estructurales a reformas profundas en el país, particularmente en áreas como la justicia social, la redistribución de la tierra, derechos laborales, control de recursos naturales y modernización política. En su visión, la Constitución de 1991 ha sido incapaz de garantizar plenamente estos cambios, y una Constituyente permitiría “poner en modo constituyente” al país para dar respuesta a demandas históricas.

El mandatario ha insistido en que este proceso no implica necesariamente una nueva carta magna radical, sino la posibilidad de reformar aspectos puntuales y actuales del marco constitucional para adaptarlo a las necesidades contemporáneas de la sociedad colombiana. Asimismo, ha señalado que la discusión y la recolección de propuestas sería de iniciativa popular y que él mismo no participaría como presidente en la eventual realización de la Constituyente, sino como ciudadano común.

Objetivos planteados

Entre las metas expresadas por el Gobierno para una potencial Constituyente se encuentran:

• Reformas agrarias profundas que protejan la producción y asienten a campesinos sin tierra.
• Reordenamiento territorial y ajustes sobre competencias y recursos a las regiones.
• Reformas políticas y electorales, incluyendo el sistema de financiamiento de partidos y reglas de votación.
• Reformas judiciales, con propuestas como un tribunal constitucional autónomo, aunque dejando fuera a la actual Corte Constitucional de cambios directos.
• Derecho a la paz, contemplado como un acto legislativo inmediato para la implementación de acuerdos de paz.
• Otros temas ambiciosos como control de espectro electromagnético o prospección espacial —ideas que amplían el alcance del debate más allá de la política tradicional.

Debate político y legal

La propuesta ha despertado rechazo y preocupación en sectores de la oposición, académicos y expertos constitucionales. Una de las críticas frecuentes es que la iniciativa podría ser interpretada como un intento de alterar el orden institucional o debilitar la separación de poderes, especialmente si se intenta avanzar sin el aval del Congreso de la República, un requisito expreso bajo la normativa actual.

Juristas como Juan Carlos Esguerra han advertido que no existe claridad legal ni tiempo suficiente para desarrollar un proceso constituyente durante el actual período gubernamental, porque implicaría cumplir procedimientos complejos que incluyen legislación especial aprobada por el Congreso.

Paralelamente, críticos han calificado la propuesta como un mecanismo de presión sobre el Congreso para condicionar la aprobación de reformas clave, argumentando que el verdadero propósito puede ser político más que constitucional.

Por su parte, defensores de la iniciativa sostienen que una Constituyente podría abrir canales más amplios de participación ciudadana y que la actual Carta Magna ha sido insuficiente para dar solución a desafíos estructurales de larga data.

Contexto político y proyecciones

El debate se produce en un momento de tensión política y social, con varios proyectos emblemáticos del Gobierno enfrentando resistencias en el Congreso y con un año electoral frente a la vista. La discusión en torno a la Constituyente, aunque aún incipiente, ha devenido en un punto de confrontación entre sectores que ven la idea como una oportunidad de reforma y quienes la consideran un riesgo para la institucionalidad.

Conclusión: La idea de una Asamblea Nacional Constituyente, tal como la plantea Gustavo Petro, es menos una realidad concreta en este momento que un símbolo de la polarización política en Colombia. Aunque ofrece una vía para abordar problemas estructurales que han persistido por décadas, su puesta en marcha enfrenta barreras legales, resistencia política y dudas sobre su impacto real en la estabilidad democrática. El resultado de este debate influirá no solo en la legislación futura, sino en la manera en que Colombia articula su democracia en un contexto de profundos desafíos sociales y económicos.