La discusión en torno al incremento del salario mínimo para 2026 vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica en Colombia: cómo mejorar el ingreso de los trabajadores sin afectar la estabilidad del empleo y la economía. Las versiones que han circulado sobre un posible aumento cercano al 18 % o 19 % han generado expectativa, pero también preocupación en distintos sectores.

Los argumentos a favor de un aumento significativo

Uno de los principales argumentos para un incremento alto del salario mínimo es la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores en los últimos años. Aunque la inflación ha mostrado una tendencia a la baja, el costo de vida —especialmente en alimentos, transporte y servicios públicos— sigue golpeando con fuerza a los hogares de menores ingresos.

Desde una perspectiva social, un ajuste robusto permitiría mejorar las condiciones de vida de millones de familias, reducir brechas de desigualdad y cumplir con el mandato constitucional de garantizar un salario “vital y móvil”. Además, un mayor ingreso podría dinamizar el consumo interno, impulsando sectores como el comercio y los servicios.

El Gobierno también sostiene que un salario mínimo más alto contribuye a dignificar el trabajo, fortalecer la formalización laboral y reconocer el esfuerzo de los trabajadores en un contexto económico aún desafiante.

Los riesgos y reparos frente a un alza elevada

Sin embargo, los críticos advierten que un aumento excesivo puede generar efectos contraproducentes. Las pequeñas y medianas empresas, que concentran una gran parte del empleo formal, podrían enfrentar mayores costos laborales, lo que se traduciría en despidos, congelación de contrataciones o mayor informalidad.

Otro punto sensible es el impacto sobre la inflación. Un incremento alto del salario mínimo puede presionar los precios al alza, ya que muchas empresas trasladan el mayor costo laboral a los bienes y servicios, afectando precisamente a quienes se busca beneficiar.

Asimismo, existe preocupación por el efecto del salario mínimo en otros rubros indexados, como multas, tarifas y contratos, lo que podría generar un efecto cascada en la economía. Analistas también señalan que un aumento desalineado con la productividad puede afectar la competitividad del país.

Un debate que exige equilibrio

La discusión sobre el salario mínimo no es solo técnica, sino profundamente política y social. Encontrar un punto de equilibrio implica reconocer las necesidades reales de los trabajadores, sin desconocer la capacidad de pago de los empleadores ni los riesgos macroeconómicos.

Más allá de la cifra final, el debate deja claro que el país necesita avanzar en políticas estructurales: reducción del costo de vida, fortalecimiento de la productividad, estímulos a la formalización y generación de empleo de calidad. Sin estos elementos, cualquier aumento, por alto que sea, podría resultar insuficiente o insostenible en el mediano plazo.