La mañana de este martes ante la Procuradora Regional María Antonia Orozco, el diputado Julio Cesar Casadiegos se presentó con su abogado José Federico Ávila para sustentar la apelación al fallo de primera instancia que lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos por presunto fraude a resolución administrativa.
En sus argumentos, el abogado afirma entre otras cosas que, “no hay pruebas de que conducía y mucho menos que lo hacía en estado de embriaguez, hay pruebas de que sopló tres veces el alcoho – censor pero los policías dicen que se negó a firmar comparendo. Tampoco existen pruebas directas recogidas por los de Tránsito, solo lo que unos taxistas le dijeron y tampoco existe un accidente que supuestamente habría causado el diputado, ¿dónde está el carro, el nombre, la cédula…?”.
De esta manera se refirió el abogado Ávila a lo ocurrido el 25 de enero de 2016 en una calle del norte de Valledupar, hechos que en parte quedaron registrados en video, grabado por taxistas en donde se ve al político discutiendo y sentado al lado de un vehículo.
“Si usted comete una contravención hoy y mañana otra no son delito, es una reincidencia, aquí se convierte una contravención con virtud en la reincidencia en un delito lo cual no nos parece y este delito al que se refieren es Fraude a resolución administrativa, bajo el supuesto de que el señor Casadiegos con manejar sin tener licencia está incumpliendo una prohibición de no manejar pero esto en el derecho penal es taxativo…”, manifestó el abogado José Federico Ávila.
Según el abogado, el diputado no ha cometido fraude por las razones expuestas y porque la resolución 0431 fue revocada por una acción de tutela impetrada por el político. “Una tutela la sacó del ordenamiento jurídico por lo tanto no puede tener efectos hoy para que la Procuraduría la tome para unos cargos hoy, porque es una resolución que no existe”, concluyó el abogado.
El diputado de Cambio Radical, Julio Casadiegos Navarro, espera que con esta sustentación a la apelación de revoque el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Cesar en primera instancia.
