Bogotá, febrero 17 de 2026 – La propuesta del Gobierno Nacional de implementar inversiones forzosas en el sistema financiero volvió al centro del debate económico en Colombia, luego de que el dirigente gremial Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtiera que los recursos que se quieren destinar a estos esquemas no son de los bancos, sino de los ahorradores colombianos.

Malagón explicó en una entrevista que la medida planteada por el Ejecutivo implicaría que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno”, ya que los bancos gestionan cerca de 790 billones de pesos en depósitos de sus clientes, dinero que, según Asobancaria, podría ser obligado a destinarse a programas definidos por el Gobierno, reduciendo los fondos disponibles para el resto de la economía.

El presidente del gremio señaló que esta obligación podría tener efectos en el mercado crediticio, al disminuir los recursos disponibles para créditos generales y presionar al alza las tasas de interés, lo que a su vez encarecería los préstamos para los consumidores. “Asumimos que quitar el 5 % de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”, dijo Malagón, lo que en créditos de largo plazo podría representar un incremento considerable en el costo total para las familias.

Aunque en el pasado se discutió la creación de una figura similar a través de proyectos de ley —y en algún momento se alcanzó un acuerdo entre banca y Gobierno para evitar llevar la idea al Congreso— la reciente alocución del presidente Gustavo Petro reabrió la polémica al mencionar que se revisará nuevamente esta estrategia en medio de la actual emergencia económica.

Desde Asobancaria se insiste en que las inversiones forzosas no son habituales en la región y en Colombia solo han operado en casos muy específicos como los Títulos de Desarrollo Agropecuario administrados por Finagro, lo que según el gremio demuestra que este tipo de mecanismos no es una práctica común ni recomendada para el mercado financiero moderno.

La discusión sobre las inversiones forzosas sigue generando preocupación entre analistas y sectores financieros, que advierten que obligar la asignación de recursos de los ahorradores sin condiciones de mercado podría tener efectos adversos tanto en la oferta de crédito como en la confianza de los depositantes.