Con la aprobación de la Ordenanza 301, el departamento del Cesar marca un hito en su historia social al establecer la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 2025 – 2035, una hoja de ruta que beneficiará a más de 40.800 personas con discapacidad y a sus familias. Este logro, respaldado de manera unánime por la Asamblea Departamental, es el resultado de un proceso participativo liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, quien ha hecho de la inclusión y la equidad pilares de su gobierno.
Durante el segundo debate de aprobación de la ordenanza, la mandataria expresó el sentido transformador de esta iniciativa: “Abrimos el oído a escuchar a las comunidades. Concertamos con las comunidades y el día de hoy este gobierno, junto a la Asamblea Departamental, celebra con nuestras comunidades. Bienvenida sea la Ordenanza 301 en el Cesar, para nosotros es una ruta de trabajo, compromiso, amor, afecto y mucha responsabilidad con esta población”.
Esta política pública, que abarca cinco ejes estratégicos, 26 líneas programáticas y 112 acciones afirmativas, reconoce la discapacidad como una condición humana que requiere atención integral, superando el enfoque asistencialista y apostando por el reconocimiento de los derechos y la participación activa.
Uno de los componentes más novedosos de esta normativa es el reconocimiento de los cuidadores como actores esenciales. Se establecen medidas que promueven la flexibilidad laboral y el acceso a oportunidades de desarrollo para quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad.
Yaelis Córdoba, cuidadora en Valledupar, compartió su emoción ante la noticia: “Estoy contenta porque al fin después de tantos sacrificios se haya aprobado esta política, porque no es fácil para los cuidadores. Yo cuido a mi mamá que tiene una discapacidad múltiple y veníamos luchando para que se aprobara”.
El impacto de esta ordenanza se potencia con un respaldo presupuestal superior a los $10.000 millones, destinados a implementar acciones que transformen la calidad de vida de miles de familias cesarenses. Este compromiso financiero evidencia la voluntad política de construir un departamento más justo, accesible e igualitario.
Desde la visión del Gobierno del Cesar, esta política no es solo una norma, sino una apuesta de fondo por la dignidad, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de todas las personas, sin distinción.
Con esta aprobación, el Cesar se posiciona como un referente nacional en políticas sociales, demostrando que es posible romper barreras históricas y avanzar hacia una sociedad donde todos tengan un lugar, una voz y las condiciones para vivir con dignidad.
