Valledupar, 24 de noviembre de 2025 –  En una sesión marcada por reclamos contundentes y denuncias formales, el Concejo de Valledupar puso en evidencia presuntas anomalías que, según líderes comunitarios y concejales, la empresa Aseo del Norte habría mantenido durante más de dos décadas en su operación en los corregimientos. Los señalamientos apuntan a cobros excesivos, inconsistencias en el cálculo del kilómetro de barrido y un servicio calificado como deficiente por la ciudadanía.

El concejal Fabio Mendoza, quien lideró el debate, presentó múltiples casos de facturación que —aseguró— superan por amplio margen lo permitido por la normatividad vigente. “Mientras la tarifa legal es de $36.000, encontramos facturas de $70.000, $80.000 y cobros de mil pesos adicionales por usuario que nunca se justifican. Es un atropello sistemático”, afirmó con firmeza.

Mendoza también responsabilizó a la empresa de inflar el kilometraje de barrido para sostener tarifas elevadas, señalando que se estableció una cifra de 3.428 kilómetros para Valledupar sin sustento técnico suficiente. “No más excusas. Usted mismo doctor Mauricio legitimó ese cálculo que hoy está golpeando el bolsillo de la gente. No le diga mentiras a la comunidad”, increpó al gerente de Aseo del Norte, Mauricio Muriel.

Las quejas fueron respaldadas por líderes de distintos corregimientos. Jader Palacio, vocero comunitario, exigió claridad y respeto: “Si prestan un mal servicio, no lo cobren. El próximo recibo debe venir como es”. Desde Patillal, el inspector de Policía, Rony Henao, reiteró la molestia de los habitantes: “El servicio es pésimo y el cobro es injusto”.

Frente a las denuncias, Muriel defendió la estructura tarifaria de la empresa, argumentando que los valores cobrados se determinan según las características del municipio y el cálculo del kilómetro de barrido. Sin embargo, ante la presión de los concejales y la comunidad, el gerente interventor de Emdupar, José Luis Palomino, anunció que presentará un informe en un plazo máximo de un mes sobre el estado de la prestación del servicio en los corregimientos.

La Administración Municipal también fijó su postura. La jefa de Planeación, Laura Garrido, confirmó que la Alcaldía emitirá directrices para que todas las empresas prestadoras ajusten sus operaciones a la normativa y respeten estrictamente las tarifas autorizadas para las zonas rurales.

Con estas determinaciones, el Concejo busca que la situación sea corregida de inmediato, en defensa de los más de 5.000 usuarios afectados.