Pueblo Bello, octubre 22 de 2024.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar ha condenado a Álvaro Alberto Imbrech Ospino, exsecretario de Planeación del municipio de Pueblo Bello, a 11 años, 6 meses y 6 días de prisión en un centro carcelario. La sentencia fue emitida tras su hallazgo culpable por el delito de celebración de contrato sin cumplir con los requisitos legales necesarios, relacionado con un convenio de más de 840 millones de pesos en febrero de 2011.
La Fiscalía 5 Seccional de Administración Pública de Valledupar presentó el caso, en el que se estableció que Imbrech Ospino firmó un contrato con la entidad privada Fundación Para el Mejoramiento Hídrico y Zonas Degradadas por la Explotación del Carbón (FUMHICAR), representada por Belén Imbrech Balaguera. Este convenio, identificado como el número 003, tenía como objetivo llevar a cabo un proyecto de descontaminación ambiental en el área rural de Pueblo Bello, con un plazo de ejecución de cuatro meses y un valor total de 814 millones, 864 mil 367 pesos con 87 centavos.
Durante el juicio, se demostró que Imbrech Ospino optó por una modalidad de contratación directa, a pesar de que el proceso debió realizarse mediante licitación pública, con la intención de favorecer a allegados. Además de la condena privativa de libertad, el ex funcionario deberá pagar una multa equivalente a 183.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2011. También se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un período de 148 meses y 1 día.
El abogado defensor ha anunciado la intención de apelar la decisión, y tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar el recurso ante el tribunal superior de Valledupar.
Al conocer la sentencia, Imbrech Ospino se pronunció públicamente a través de sus redes sociales, señalando que : «Este proceso ha sido largo, tedioso, y hoy recibo una noticia que me preocupa mucho». Reconoció su pasado en la administración liderada por Wilfredo Pianeta Guevara y agradeció la confianza que se le brindó durante su gestión, donde trabajó en la construcción de unidades sanitarias para la comunidad.
El exsecretario manifestó su intención de apelar la decisión: «Soy respetuoso de las decisiones de las autoridades, pero acudiré a una instancia superior para demostrar mi inocencia. La parte contractual no le corresponde a la oficina de planeación, y nuestra labor fue estrictamente técnica». Además, resaltó el impacto emocional de la condena en su familia: «Esto afecta a todo, a la familia, a los hijos, a los hogares».
