Bogotá, diciembre 23 de 2025 – La declaratoria de estado de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional provocó una fuerte reacción en el Congreso de la República, donde varios legisladores cuestionaron la medida y advirtieron que podría traducirse en una mayor carga tributaria para los ciudadanos, además de un debilitamiento del debate democrático.

Desde distintos sectores políticos se coincidió en que la decisión se produjo tras el hundimiento de la ley de financiamiento y que, en la práctica, busca habilitar al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, sin pasar por la discusión legislativa.

El senador Carlos Abraham Jiménez calificó la medida como una acción “previsible” dentro del actual gobierno y sostuvo que el presidente Gustavo Petro intenta imponer por decreto lo que no logró concertar en el Congreso. A su juicio, se trata de decisiones “improvisadas”, que terminarán siendo revisadas por la Corte Constitucional. También cuestionó la falta de garantías para que el Legislativo analice la situación, al advertir que la presidencia de la Cámara no facilitaría sesiones para ese propósito.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, describió la emergencia como un “aguinaldo” negativo para los colombianos, al considerar que traerá nuevos impuestos que afectarán la economía formal. Entre sus preocupaciones mencionó el posible aumento del gravamen a las transacciones bancarias, que podría llegar al 5 por 1.000.

Meisel alertó además sobre el impacto que estas medidas tendrían en el sector rural. Según explicó, el impuesto al patrimonio, sumado a los altos avalúos catastrales, golpearía a pequeños productores del campo con predios de entre 30 y 40 hectáreas. “Un ciudadano vulnerable no tiene cómo asumir un impuesto al patrimonio en esas condiciones”, afirmó, al tiempo que pidió a la Corte Constitucional intervenir de manera urgente.

En la misma línea, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, calificó la declaratoria como un acto de “profunda irresponsabilidad” y aseguró que no responde a un hecho imprevisible, sino a una deficiente planeación fiscal. Para Lemos, el Gobierno recurrió a la emergencia tras no lograr respaldo legislativo para su reforma tributaria.

El congresista recordó que existe un precedente reciente, la sentencia 383 de 2023, en la que la Corte Constitucional declaró inexequible una emergencia en La Guajira por no cumplir el requisito de imprevisibilidad. En ese sentido, consideró que la actual medida vulnera la Constitución y confió en que el alto tribunal la tumbará.

Mientras tanto, el anuncio del estado de emergencia continúa generando debate político y jurídico, a la espera del control constitucional que definirá su validez y el alcance de las medidas que el Gobierno pretende implementar.