Bogotá, 20 de julio de 2025 – Un nuevo capítulo en la controversia jurídica entre el Congreso y el Ejecutivo se abrió este jueves, luego de que el Consejo de Estado admitiera la demanda de nulidad presentada por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal contra el Decreto 0799 de 2025, expedido por el Gobierno nacional.
Dicho decreto modificaba la competencia para conocer las tutelas que se interpongan contra el Presidente de la República, trasladando dicha función del Consejo de Estado a jueces de circuito. Para Cabal, esta decisión vulnera principios constitucionales fundamentales y representa un intento del Ejecutivo por blindarse frente a cualquier control judicial serio.
“La pretensión del presidente Gustavo Petro de alterar la jurisdicción de las tutelas por decreto no solo es ilegal, sino que representa una amenaza directa al equilibrio de poderes en Colombia. Vamos por buen camino. Petro no está por encima de la Constitución ni de la Ley”, expresó la senadora tras conocer la admisión de su demanda por parte del alto tribunal.
La acción fue radicada el pasado 15 de julio y, según se argumenta en el documento, el decreto en cuestión constituye una extralimitación del poder reglamentario del Ejecutivo, además de violar el debido proceso y poner en jaque la independencia judicial. Cabal sostiene que el objetivo del Gobierno es evitar que las acciones constitucionales en su contra sean revisadas por magistrados expertos y con independencia técnica, trasladando esa facultad a jueces de menor jerarquía y con menos garantías.
“Este acto busca impedir que las acciones judiciales contra el Presidente sean conocidas por los magistrados más preparados del país, trasladando ese control a despachos sin la misma capacidad técnica ni garantías de independencia”, denunció Cabal en un comunicado público.
En su demanda, la congresista del Centro Democrático no solo solicita la nulidad del decreto, sino también la suspensión provisional de sus efectos, al considerar que su aplicación inmediata representa un riesgo estructural para la legalidad, el Estado de Derecho y la arquitectura institucional de la nación.
El Decreto 0799 fue presentado por el Gobierno como una medida administrativa para descongestionar el Consejo de Estado, pero sus críticos ven en él una estrategia política para debilitar los contrapesos democráticos y proteger al Presidente de decisiones judiciales que puedan afectarlo. Según expertos constitucionalistas, el cambio de competencia en materia de tutelas que involucren al jefe de Estado no puede ser definido por decreto, sino que debe pasar por una reforma legislativa o, incluso, por una reforma constitucional, dado que afecta la estructura del sistema judicial y el control político en Colombia.
Cabal reiteró que continuará usando todas las herramientas jurídicas y políticas a su alcance para evitar lo que califica como “el desmantelamiento progresivo de la democracia colombiana”. En su opinión, la administración Petro ha emprendido una ofensiva sistemática para concentrar poder y neutralizar a los órganos de control y a la justicia.
“El país necesita instituciones fuertes e independientes, no gobiernos que legislen por decreto para protegerse de la ley. Defender la Constitución es una obligación de todos los demócratas”, concluyó la senadora.
El Consejo de Estado ahora deberá estudiar el fondo de la demanda, analizar los argumentos de las partes y determinar si efectivamente el Decreto 0799 vulnera la Carta Magna. De ser así, podría declarar su nulidad y establecer un precedente crucial sobre los límites del poder reglamentario del Ejecutivo.
