Contraloría General alerta sobre riesgos fiscales y presupuestales para el país en 2026

Bogotá, 3 de diciembre de 2025.  La Contraloría General de la República presentó un análisis actualizado de la situación fiscal y presupuestal del país con corte a octubre de 2025, así como observaciones preliminares al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para 2026. El organismo de control advirtió sobre tres factores que generan especial preocupación: el rezago en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario y la baja ejecución del gasto, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, y la alta dependencia del presupuesto de 2026 respecto a una reforma tributaria aún en trámite.

Recaudo y ejecución presupuestal por debajo de lo esperado

La Contraloría señaló que, al comparar el recaudo tributario neto a octubre con la meta estimada por la DIAN, el cumplimiento apenas alcanza el 95,8%, lo que refleja una desviación de $9,8 billones frente a lo proyectado. Para el organismo, este rezago exige un esfuerzo adicional en las semanas restantes del año, apoyado en los tributos pendientes y en el comportamiento de la economía.

En cuanto a la ejecución del gasto, solo se ha comprometido el 67,2% del presupuesto vigente, con una inversión ejecutada en un 46,6%, cifra similar a la registrada en 2024. La entidad advirtió que, de mantenerse esta tendencia, podrían generarse pérdidas de apropiación y un incremento en las reservas presupuestales, afectando la eficacia del gasto público y la entrega de bienes y servicios esenciales. En ese sentido, instó al Ministerio de Hacienda a realizar los ajustes necesarios antes del cierre de la vigencia fiscal.

Crecimiento del déficit fiscal y falta de un plan de ajuste

El organismo recordó que el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, permitiendo un mayor nivel de gasto ante la ausencia de alternativas fiscales inmediatas. Con ello, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central para 2025 se proyecta en 7,1% del PIB, superando los límites establecidos.

Para 2026, aunque se espera una reducción del déficit total a 6,2% del PIB, la Contraloría advirtió que el déficit primario aumentaría de -1,45% a -1,97% del PIB, pese al incremento esperado del recaudo por la reforma tributaria (estimada en $16,3 billones) y la disminución en pagos de intereses por $10 billones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal también ha expresado preocupación ante la falta de un plan creíble que permita retornar al cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo.

La trayectoria de la deuda pública continúa siendo un punto crítico. Para 2025 se estima que la deuda neta alcanzará el 61,3% del PIB, superando en 6,3 puntos el ancla fiscal, con una proyección máxima de 64% en 2027 antes de iniciar una tendencia descendente.

Presupuesto de 2026: riesgos por dependencia de la reforma tributaria

La Contraloría reiteró que el presupuesto de gastos aprobado para 2026, por $546,9 billones (4% más que en 2025), presenta un desequilibrio implícito de $16,3 billones, monto que se espera cubrir con la reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. Esta dependencia genera incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal del próximo año.

Aunque los supuestos macroeconómicos utilizados —crecimiento de 2,7% para 2025 y 3% para 2026, inflación proyectada del 3,2%, y tasa de cambio estimada en $4.408— se consideran moderados, la Contraloría señaló inconsistencias entre el crecimiento económico previsto y la reducción estimada del recaudo tributario en 1,8%, por lo que solicitó aclaraciones al Ministerio de Hacienda.

Asimismo, destacó que el gasto de funcionamiento crecerá 8,8%, cifra superior al crecimiento nominal del PIB, lo cual evidencia la ausencia de un compromiso real con la racionalización del gasto público.

Llamado a una estrategia de responsabilidad fiscal

Finalmente, la Contraloría insistió en la necesidad de una estrategia integral que combine eficiencia en el gasto, realismo en los supuestos de ingreso y medidas estructurales que impulsen el crecimiento económico. Para el organismo, solo un pacto fiscal sólido permitirá garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país.

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