En un fallo inicial, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una destitución e inhabilitación de nueve años para Álvaro Luis Castilla Fragozo, quien anteriormente ocupó el cargo de Contralor en el municipio de Valledupar durante los años 2016 y 2017. La decisión se basa en la responsabilidad por una falta gravísima, específicamente, la culpa gravísima.
El motivo detrás de esta sanción radica en que el excontralor solicitó una licencia no remunerada para ausentarse de su cargo durante varios días en enero de 2017, una solicitud que fue denegada por el Concejo Municipal en una reunión del 30 de diciembre de 2016, por decisión unánime. No obstante, el funcionario abandonó el país sin justificación ni permiso de la Corporación, desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 7 de enero de 2017.
Según la Procuraduría Regional, este acto representa un incumplimiento del deber funcional que implica asistir al trabajo durante los días hábiles laborales y acatar las decisiones del ente nominador, en este caso, el Concejo Municipal de Valledupar. Además, se considera que esta falta de diligencia vulnera los principios fundamentales que rigen la función administrativa, especialmente el de responsabilidad. Según el Ministerio Público, Castilla Fragozo aceptó voluntariamente las consecuencias y los riesgos de su comportamiento, a pesar de conocer sus obligaciones.
Es importante mencionar que contra esta decisión se puede presentar un recurso de apelación, ya que se trata de un fallo de primera instancia.
