Acaba de entrar en vigencia el Decreto Ley 1760 de 2015 el cual, basado en una crisis carcelaria originada por el hacinamiento en las cárceles del país, deficiencia en la atención a la salud de los reclusos y la lentitud de la rama judicial, podría dejar en libertar a más de 8000 sindicados de “delitos menores” en Colombia, 492 de ellos en la Cárcel de Mediana Seguridad de Valledupar, según su directora, Enilda Vásquez.
Aunque el ministro de Justicia Jorge Londoño ha afirmado que esto no es una excarcelación masiva y mucho menos inmediata, la expectativa crece para presos sindicados de hurto, abuso sexual, injuria, entre otros.
“Esto podría contribuir a disminuir el hacinamiento y así recibir a los que están en la Permanente Central, aunque estamos esperando que los sindicados y sus abogados hagan los tramites”, dijo la directora de ‘la Judicial’.
La medida ha generado polémica en Colombia puesto que se piensa que sindicados de delitos como el feminicidio, lesiones personales, abuso sexual y otros de impacto en la sociedad podrían quedar libres. También existe la posibilidad de remplazar la medida intramural por una domiciliaria acompañada de brazalete electrónico del Inpec, pero la ciudadanía ya conoce la ineficacia de estas estrategias y las consecuencias fatales de las mismas.
En manos de la Fiscalía General de la Nación quedaría en parte la decisión de que estos ciudadanos privados de la libertad salgan a las calles teniendo en cuenta los antecedentes de los detenidos.
