Bogotá, febrero 16 de 2026- La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar relacionada con una serie de millonarios contratos que suman cerca de 23.000 millones de pesos, y que estarían vinculados a servicios de maquillaje y fotografía asociados al entorno de Verónica Alcocer, expareja del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el reporte periodístico, los contratos fueron suscritos por el sistema de medios públicos RTVC bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), y posteriormente vinculados al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez, quienes prestaron servicios que, según las denuncias, habrían beneficiado de forma directa a Alcocer desde el inicio del gobierno en 2022.
La secuencia de contratos, firmados desde septiembre de 2022 hasta 2025, incluía varios acuerdos de alto valor económico que, al sumarse, alcanzan cerca de 23.000 millones de pesos. Entre ellos figuran contratos por más de 1.200 millones y 1.900 millones en 2022, acuerdos por más de 5.500 millones y 1.792 millones en 2023, un contrato de 8.000 millones en 2024 y otro por más de 3.900 millones en 2025.
El abogado y profesor anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, autor de la denuncia, sostiene que estos contratos podrían haber sido manipulados para beneficiar a terceros mediante un esquema indirecto de contratación, lo que sería investigado por la Fiscalía bajo posibles delitos de estafa y uso indebido de recursos públicos. Además, Portilla pidió que la investigación alcance no solo a Alcocer, sino también a los funcionarios que facilitaron la ejecución de estos contratos.
Por su parte, RTVC ha afirmado que los contratos se realizaron de acuerdo con la ley y señaló que ni el maquillador ni el fotógrafo fueron contratados directamente por el sistema de medios públicos, sino a través de la cooperativa Savi, bajo la figura de administración delegada.
El caso ha generado debate sobre el uso de recursos públicos y la supervisión de las contrataciones relacionadas con figuras públicas, especialmente en contextos donde no existe un rol institucional claro, como el de la primera dama en Colombia.
