Bogotá, enero 16 de 2026  — Un grupo de gobernadores de al menos 17 departamentos del país anunció  una fuerte reacción contra el Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, al considerar que varias de sus medidas vulneran la Constitución y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las regiones.

Frente a esta situación, los mandatarios regionales, reunidos en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Bogotá, informaron que evalúan el uso de una figura jurídica poco común: la excepción de inconstitucionalidad. Esta herramienta les permitiría no aplicar ciertas disposiciones del decreto, como el aumento del impuesto al consumo y la subida del IVA del 5 % al 19 % para productos como licores y cigarrillos, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.

La figura de excepción de inconstitucionalidad, contemplada en la Constitución, faculta a una autoridad a inaplicar una norma que se considere contraria a la Carta Política sin necesidad de esperar una declaración definitiva del alto tribunal. Los gobernadores sostienen que el decreto —y en particular los aumentos tributarios que plantea— amenaza la autonomía fiscal de los departamentos y podría afectar recursos destinados a servicios esenciales como salud y educación.

En su pronunciamiento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que esta estrategia jurídica se sumará a otras acciones ante la Corte Constitucional, incluyendo tutelas individuales para proteger derechos fundamentales afectados por la norma.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros mandatarios en anunciar que su región no aplicará el decreto por medio de la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que la carga tributaria impuesta excede los límites constitucionales y pone en riesgo las finanzas de su entidad territorial.

La decisión de los gobernadores representa un choque inusual entre poderes regionales y el Ejecutivo central y ha generado una respuesta crítica del Gobierno Nacional. Autoridades como el Ministro de Justicia (e) han advertido que podrían emprenderse acciones legales contra los mandatarios que se abstengan de acatar las disposiciones del decreto, aunque no se han detallado aún las posibles sanciones.

El pulso jurídico ahora queda en manos de la Corte Constitucional, cuya decisión de fondo será determinante para dirimir si los artículos controvertidos del decreto cumplen con los principios constitucionales o si, por el contrario, deben ser declarados inaplicables. La controversia aumenta la tensión política entre las regiones y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en un momento en que la reforma tributaria y las políticas económicas ocupan un lugar central en el debate público colombiano.