A solo un día de finalizar el 2025, el Gobierno Nacional confirmó un paquete de medidas tributarias que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, como respuesta a la emergencia económica decretada para enfrentar el déficit fiscal y el vacío presupuestal dejado por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que los decretos correspondientes serán expedidos este 30 de diciembre, contemplando aumentos en el IVA a licores y juegos de azar, ajustes al impuesto al patrimonio y nuevas sobretasas a sectores estratégicos.

Según detalló el jefe de la cartera, el impuesto al patrimonio empezará a cobrarse desde patrimonios iguales o superiores a $2.000 millones, afectando aproximadamente al 0,8 % de los contribuyentes del país. “Estas medidas están dirigidas a quienes tienen mayor capacidad contributiva”, aseguró Ávila, al precisar que el objetivo es fortalecer el recaudo sin impactar a la mayoría de los ciudadanos.

En cuanto al sector financiero, el ministro confirmó el aumento de la sobretasa al 15 %, decisión que se sustenta en el crecimiento significativo de las utilidades de estas entidades. “Hemos evidenciado un incremento importante en las ganancias del sector financiero, lo que justifica este ajuste tributario”, afirmó.

Uno de los anuncios que más impacto tendrá en el consumo es el incremento del IVA del 5 % al 19 % sobre los juegos de azar y los licores, con excepción de la cerveza, debido a su alto nivel de consumo en el país. De igual forma, el Gobierno aumentará el impuesto al consumo de licores, tabaco y productos de lujo. “Buscamos desestimular el consumo de productos que tienen efectos en la salud pública”, explicó el ministro, agregando que estos bienes pasarán de tributar del 16 % al 19 %.

En paralelo, el Gobierno avanza en medidas de austeridad del gasto, entre ellas la posible eliminación de primas especiales para congresistas y la revisión de rubros que puedan ajustarse sin afectar la operación del Estado.

Otro de los frentes anunciados es el relacionado con los fondos de pensiones, los cuales podrían verse obligados a repatriar cerca de $250 billones actualmente invertidos en el exterior, con el propósito de financiar proyectos estratégicos de infraestructura y dinamizar la inversión interna.

Finalmente, Ávila señaló que se evalúa el aplazamiento de recursos del Presupuesto General de la Nación 2026 destinados a proyectos viales con baja ejecución, como parte de la priorización del gasto público.

El ministro destacó que, con este conjunto de medidas, el Gobierno espera recaudar más de $10 billones, aunque reconoció que “este monto no es suficiente para cubrir completamente las necesidades presupuestales de 2026”, reiterando que el fortalecimiento del recaudo es clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.