Bogotá, 30 de diciembre de 2025. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó un incremento sin precedentes en el salario mínimo para el año 2026, una medida que beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores formales en el país y que ha generado amplio debate económico y político.

Mediante decreto presidencial, el salario mínimo subirá casi un 23 %, pasando de 1’423.500 pesos en 2025 a 1’746.882 pesos mensuales sin incluir el auxilio de transporte, que también aumentará y llevará la remuneración total a aproximadamente 2 millones de pesos mensuales.

Objetivos del Gobierno

El mandatario defendió el ajuste argumentando que busca “democratizar la riqueza” y garantizar un ingreso que permita a las familias cubrir necesidades básicas, en línea con la idea de un salario mínimo vital que responda a parámetros internacionales.

Petro ha señalado que este incremento —el más alto en varios años— responde a la necesidad de reforzar el poder adquisitivo en medio de un contexto económico desafiante, y que no implicará un costo para los trabajadores ni reducirá el empleo.

El decreto se expidió tras no llegar a un acuerdo de concertación entre empresarios y sindicatos, un proceso que tradicionalmente define el aumento anual del mínimo.

Reacciones y controversias

La medida ha sido recibida con opiniones divididas. Sectores empresariales han expresado preocupación por el impacto en los costos laborales y la inflación, ya que un alza de esta magnitud empuja al alza los gastos fijos en costos como nómina o transporte público.

Analistas y críticos advierten que un ajuste excesivo podría presionar aún más los precios en el mercado interno, obligar a aumentar tasas de interés y generar tensiones en la formalidad laboral. Por su parte, defensores del aumento consideran que responde a las demandas sociales de mayores ingresos y contribuye a reducir la pobreza salarial.

Contexto económico

El incremento del salario mínimo en 2026 supera con creces la tasa de inflación proyectada y el crecimiento de la productividad, según estimaciones oficiales, lo que lo ubica como una de las medidas económicas más audaces de la administración antes del cambio de Gobierno en 2026.

El debate sobre sus efectos reales en empleo, precios y competitividad continúa abierto, con voces a favor y en contra que anticipan un impacto importante en la economía colombiana durante el próximo año.