Bogotá, febrero 16 de 2026 – La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño colombiano de siete años que padecía hemofilia A severa, ha generado profunda conmoción y críticas en el país al quedar en evidencia la crisis en el acceso a medicamentos esenciales por parte de la Nueva EPS, entidad a la que estaba afiliado el menor.
Kevin falleció el pasado 13 de febrero en el hospital La Misericordia en Bogotá, luego de permanecer cerca de dos meses sin recibir el medicamento vital que requería su tratamiento, denominado Emicizumab, el cual debía aplicársele cada 28 días.
La madre del menor, Yudy Katherine Pico, señaló que la falta del medicamento y la ausencia de una IPS asignada complicaron el acceso a la atención médica adecuada, y que la Nueva EPS le informó que debía esperar nuevos contratos con las instituciones prestadoras de salud, lo que retrasó aún más la atención especializada.
Organizaciones de pacientes y la Defensoría del Pueblo han responsabilizado a la entidad promotora de salud y al sistema sanitario por la interrupción del tratamiento, que en una enfermedad como la hemofilia puede desencadenar consecuencias fatales en días si no se garantiza la continuidad del suministro y la atención adecuada. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que Kevin se convirtió en “una víctima más de las fallas en la disponibilidad y acceso a medicamentos” que enfrentan miles de colombianos.
El caso también ha sido objeto de reacciones públicas, incluida la de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien criticó la falta de implementación de reformas al sistema de salud y cuestionó la reticencia del Legislativo a permitir cambios estructurales para mejorar la atención de pacientes en situaciones críticas.
La tragedia de Kevin ha puesto de manifiesto el colapso y las falencias del sistema de salud en Colombia, agravado por demoras en la asignación de IPS y en la entrega de medicamentos, problemas que han incrementado el número de quejas de los usuarios de la Nueva EPS y suscitado llamados de atención por parte de autoridades y organizaciones sociales sobre la vulneración del derecho fundamental a la salud.
