Bogota, septiembre 18 de 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió este miércoles la primera sentencia histórica en la Costa Caribe por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, hechos que afectaron principalmente a los departamentos de Cesar y La Guajira.
La sanción recayó sobre 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de Valledupar, quienes fueron declarados máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadascometidos entre enero de 2002 y julio de 2005. Como sanción propia, se les impuso una pena de entre 5 y 8 años, que deberán cumplir mediante proyectos restaurativos y no en prisión.
De las víctimas reconocidas, 13 aún permanecen sin identificar y están bajo orden de búsqueda por parte de las autoridades. Entre los afectados se cuentan campesinos, personas en situación de vulnerabilidad y comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente de los pueblos Kankuamo y Wiwa.
Durante la lectura del fallo, la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, enfatizó que el propósito de estas sanciones es proteger los derechos de las víctimas, garantizar verdad, reparación y no repetición. En el acto, fueron leídos los nombres de más de 130 civiles asesinados para restaurar su buen nombre frente a la sociedad.
Los militares sancionados deberán ejecutar seis proyectos restaurativos, elaborados de manera conjunta con las víctimas, que buscan beneficiar a las comunidades afectadas y preservar la memoria histórica.
El Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la JEP, con apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, hará seguimiento al cumplimiento de estas sanciones.
La investigación permitió desmontar patrones macrocriminales de colaboración entre la fuerza pública y grupos paramilitares, que encubrieron homicidios y desapariciones de civiles bajo el falso reporte de bajas en combate.
