La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en asocio con la facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, realizó el Foro Judicial Nacional “Dignidad humana, presunción de inocencia y derechos humanos”, espacio académico que por tercera vez se realiza en Valledupar.
Este evento se llevó a cabo en el auditorio ‘Julio Villazon Baquero’ de la Universidad Popular sede Sabanas con el fin de analizar, generar espacios de discusión y reflexión en torno al modelo de justicia transicional adoptado en el contexto del proceso de paz desarrollado en La Habana, Cuba, y examinar las normas del acuerdo para ver si estas se enmarcan dentro de los estándares internacionales de respeto por la dignidad humana, así como el reconocimiento de los derechos humanos.
Colombia pasa por una coyuntura socio política dividida, consecuencia de los diálogos entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, con temas tan polémicos como la verdad, justicia y reparación.
Camilo Montoya Reyes, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura dijo que la justicia no es solamente castigar, hacer sufrir al que cometió un delito si no que, en el caso de un postconflicto, es necesario pensar que lo que se busca es reparar a las víctimas y lograr la reconciliación nacional.
“Colombia tiene que romper un paradigma que es el de la retribución; no necesariamente tenemos que pensar en respuesta de castigo de aflicción si no hay que pensar también en una justicia restaurativa que piense más en las victimas que le establezca el derecho quebrantado que respete la dignidad tanto de los actores como los sujetos pasivos del conflicto que ha azotado a Colombia por más de 50 años”, afirmó Montoya Reyes.
También recalcó que la pena no puede ser cruel e inhumana porque eso no es dignidad humana y que, “el reto para Colombia es garantizar que esas atrocidades no se volverán a cometer”.
El Representante a la Cámara Cristian José Moreno hablo sobre los desafíos de la justicia transicional en Colombia y manifestó que es un mecanismo especial que no va suplantar la justicia ordinaria y que ésta seguirá operando y será el mecanismo real de reprimir el delito en el país.
“Los más de 52 años de guerra y violencia que hemos tenido, los más de 8 millones de víctimas, los más de 230 mil muertos, más de 6 millones de desplazados, mas de 30 mil desaparecidos y más de 30 mil secuestrados, implican que apliquemos un mecanismo de justicia especial, que tenga varias condiciones; que sea excepcional porque se aplicara únicamente para condiciones especiales, que sea restrictiva es decir no para todos los delitos si no para los delitos que originaron el conflicto y que sean conexos con este, que sea temporal para con un término de tiempos resolver bajo su competencia los delitos y los hechos que generaron el conflicto interno armado colombiano”, señaló el congresista cesarense.
Así mismo aseguró que la verdad, justicia y reparación son los principales desafíos de la justicia transicional.
El Representante concluyó diciendo que, “existirán sanciones y penas con condiciones alternativas, permitiendo la participación política de quien se reintegre a la vida civil, porque nadie va a dejar las armas para terminar preso y sin la posibilidad de discutir ideológicamente y políticamente sus posiciones”.
Este suceso contó con la participación de la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz, igualmente de diferentes personalidades del Consejo Superior de la Judicatura, especialistas en derechos humanos, comisionada indígena para la paz de Colombia y la asistencia del Ejército Nacional, docentes, comunidad estudiantil, entre otros.
