Valledupar, Mayo 8 de 2025. La jurisdicción especial para la paz (JEP) dio a conocer una importante imputación contra cinco exintegrantes del bloque Caribe de las FARC, señalados como responsables de 827 crímenes de lesa humanidad, incluyendo secuestros, asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos. Este hecho marcó un hito en el proceso de justicia transicional en Colombia, con un número significativo de víctimas que han participado activamente en la denuncia de estos delitos.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien forma parte de la JEP, fue la encargada de revelar los detalles de esta imputación en una rueda de prensa. En sus declaraciones, destacó que «827 son las víctimas que han venido a hablarnos del bloque Caribe a la JEP por 643 secuestros», y aclaró que estos casos provienen de relatos de las víctimas que se han acercado a la JEP, aunque es probable que haya más casos que aún no han sido documentados.
Entre los casos más destacados, la magistrada mencionó el secuestro y asesinato de la cacica Consuelo Araújo Noguera, así como el de exministro Araújo Perdomo en la ciudad de Cartagena. Estos crímenes, que ocurrieron en un contexto de violencia extrema, siguen siendo recordados por sus familias y la comunidad en general. En particular, los familiares de Araújo Noguera han solicitado un reconocimiento público de los hechos y, en algunos casos, una disculpa pública de los responsables.
En cuanto al proceso judicial, la magistrada Lemaitre explicó que los imputados tienen ahora un plazo de 30 días hábiles para leer los documentos que detallan las acusaciones en su contra y responder, ya sea aceptando su responsabilidad o negando los cargos. De acuerdo con la magistrada, si los implicados optan por ir a juicio, el proceso se llevará ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde se decidirá su destino. «Si aceptan la imputación, el proceso avanza hacia la sentencia,» explicó.
Los implicados también podrán ser sancionados por delitos de lesa humanidad, con penas que podrían ascender hasta los 20 años de cárcel si son hallados culpables en juicio.
La participación de las víctimas es fundamental en este proceso, ya que el sistema de justicia restaurativa busca que las voces de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia sean escuchadas y tomadas en cuenta. «Las víctimas pueden entregar informes colectivos sobre lo que ocurrió y participar activamente a lo largo de todo el proceso,» detalló la magistrada Lemaitre, quien subrayó la importancia de las víctimas en la reconstrucción de la verdad.
En relación con el caso de la cacica Consuelo Araújo Noguera, la magistrada destacó la solicitud de la familia y la comunidad de Valledupar, quienes han expresado que no buscan venganza, sino un reconocimiento público de los responsables. A este respecto, Lemaitre confirmó que si los imputados aceptan su responsabilidad, se podría realizar una audiencia pública de reconocimiento, en la cual se podría incluir un acto de disculpa pública.
La magistrada también hizo referencia a las difíciles circunstancias del proceso. «Este trabajo es muy duro, escuchar historias de horror todos los días, conocer el sufrimiento de miles de personas, es una carga emocional significativa,» comentó Lemaitre. Además, destacó que este proceso judicial no solo tiene un impacto en las víctimas, sino también en los miembros de la JEP, quienes tienen que lidiar con los efectos psicológicos de escuchar y trabajar con historias tan dolorosas.
Finalmente, Lemaitre abordó las críticas que algunas personas han dirigido hacia la JEP, particularmente aquellos que consideran que el proceso beneficia a los excombatientes de las FARC. Ante esta postura, la magistrada afirmó que «trabajamos para la paz», y que el cumplimiento del acuerdo de paz es esencial para la reconciliación en Colombia. «El acuerdo de paz está en la Constitución, y estamos aquí para cumplir con ese compromiso,» subrayó.
