Estados Unidos, enero 5 de 2025. La justicia federal de Estados Unidos mantiene abiertas acusaciones por narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas contra Nicolás Maduro, en un proceso que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y que contempla penas extremadamente severas en caso de una eventual condena.

De acuerdo con el marco legal estadounidense, los delitos que se le atribuyen —entre ellos la conspiración para introducir grandes cargamentos de cocaína al país en coordinación con organizaciones armadas— conllevan sentencias mínimas obligatorias que parten de los 20 años de prisión. La legislación federal permite además que la condena se eleve hasta la cadena perpetua sin opción a libertad condicional, una posibilidad que la fiscalía ha dejado abierta dada la magnitud y el carácter transnacional de las acusaciones.

El caso se sustenta en leyes diseñadas para combatir estructuras criminales complejas, especialmente aquellas que combinan narcotráfico a gran escala con actividades catalogadas como terroristas. Bajo este esquema, los fiscales pueden solicitar la pena máxima si logran demostrar que el acusado actuó como líder o coordinador de una organización criminal sostenida en el tiempo.

Algunos especialistas en derecho penal estadounidense han señalado que, en escenarios extremos, el expediente podría intentar encuadrarse dentro de la figura de “empresa criminal continua”, prevista en la Ley de Sustancias Controladas. Sin embargo, subrayan que sanciones como la pena capital son excepcionalísimas y suelen reservarse para casos con homicidios comprobados u otros agravantes de máxima gravedad.