Bogotá, junio 9 de 2025. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 033 del 17 de enero de 2025, expedido por el Gobierno Nacional a través de los ministerios de Agricultura y Justicia. La congresista argumenta que dicha norma vulnera principios fundamentales del orden constitucional y representa un riesgo para el derecho a la propiedad privada en zonas rurales del país.
El decreto, que se encuentra en vigencia, establece que cualquier negociación sobre predios rurales que superen las dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) deberá ser informada previamente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que podrá ejercer una opción preferente de compra sobre el predio antes de que se formalice su escritura. Según el Gobierno, esta herramienta busca facilitar el acceso progresivo a la tierra a poblaciones campesinas y promover una redistribución equitativa.
Sin embargo, Cabal denunció que la medida es en realidad “una forma de expropiación indirecta”, al permitir que el Estado interfiera en las decisiones privadas de compraventa sin que exista una ley formal ni indemnización de por medio. “La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios”, declaró.
La demanda señala que el decreto contraviene el artículo 58 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad privada, y también vulnera otros principios como la reserva de ley, el debido proceso, la legalidad, la libertad económica y la seguridad jurídica. De acuerdo con Cabal, esta disposición crea una atmósfera de inseguridad para los propietarios y frena el desarrollo del campo.
“El Gobierno está enviando un mensaje peligroso: hoy pretende expropiar a los dueños de tierras rurales; mañana puede hacer lo mismo con los urbanos. No lo vamos a permitir”, advirtió la precandidata, quien pidió además la suspensión provisional inmediata del decreto, argumentando el daño grave e irreversible que puede generar su aplicación mientras se resuelve la demanda.
La norma se aplica en 82 municipios del país, muchos de ellos con una fuerte vocación agrícola y ganadera, lo que ha generado alarma en sectores productivos y propietarios rurales, que ven en esta medida una barrera para el desarrollo del agro colombiano y una amenaza para la estabilidad jurídica de sus predios.
“La inversión en el campo necesita reglas claras, no decretos que introducen incertidumbre y paralizan la actividad económica”, insistió la senadora. A su juicio, este tipo de herramientas normativas debilitan la confianza en las instituciones y afectan directamente a los pequeños y medianos propietarios que han construido su patrimonio a lo largo de generaciones.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Agricultura ni la Agencia Nacional de Tierras han respondido a la demanda de nulidad. No obstante, el Gobierno ha defendido públicamente el decreto, argumentando que hace parte de su compromiso con la reforma agraria y la justicia social en el campo colombiano.
