En el artículo anterior enumeramos una serie de factores que consideramos son los principales responsables del aumento en los índices de violencia e inseguridad en la ciudad. Me permitiré señalarlos muy brevemente a fin de contextualizar al lector.
La violencia paramilitar que tuvo lugar en décadas anteriores, significó que en 2007 Valledupar fuera la quinta ciudad receptora de población desplazada, con más de 51 mil personas, según RUPD. La posterior desmovilización y reinserción de casi 3 mil hombres del bloque norte de las autodefensas, que aunque tuvieron cierto acompañamiento por parte del Estado, éste no fue el apropiado. La cárcel de máxima seguridad que nada le aporta al desarrollo económico de la ciudad, por el contrario trajo a los peores delincuentes del país con sus respectivas estructuras mafiosas y delincuenciales. Las falencias de nuestro débil y equivocado sistema educativo que prepondera la cobertura en detrimento de la calidad y la pertinencia de la misma. La falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de brindarles seguridad.
Estos factores se constituyen, de manera estructural, en los mayores generadores del incremento de la inseguridad en nuestra ciudad. Así mismo, hemos notado la preocupación de varios mandatarios de turno respecto a esta problemática, pero también hemos visto cómo han fallado en cada una de las medidas adoptadas a objeto de frenar este flagelo. Tales equivocaciones han radicado en la adopción exclusivamente de medidas de choque, como el aumento del píe de fuerza, apoyo con motocicletas y otros vehículos a la policía a fin de facilitar una reacción “inmediata”, la división y asignación de patrullas por cuadrantes, etc., medidas que no atacan en lo absoluto las raíces del problema.
Si los factores son estructurales, las medidas que se adopten deben serlo también, para lograr erradicarlos, sin dejar de lado las medidas de choque existentes. Sin dudas hay que mantener el pie de fuerza policial, suministrándole los recursos en materia de movilidad y tecnología, entre otras, pero igualmente exigirles, mayores resultados en la lucha contra la delincuencia; una policía efectiva, pero más humana, que en vez de generar odios, cautive el cariño y la confianza de la ciudadanía.
Para atacar los factores estructurales se deben generar estrategias de generación de empleo formal, con ingresos dignos para la ciudadanía, lo que significa que el próximo mandatario de la ciudad sea una persona dinámica y con alta capacidad de gestión que logre la instalación o creación de empresas industriales, intensivas en mano de obra y fortalecer las existentes, así como el estímulo al emprendimiento de jóvenes y comunidades en condición de vulnerabilidad. Si para garantizar que estas lleguen hay que brindarles algunos estímulos tributarios habrá que hacerlo, con el ánimo de que nuestros coterráneos puedan generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida.
Igualmente debe haber mayor inversión en el mejoramiento de la calidad de la educación, cualificando a los docentes, mejorando la dotación de las instituciones educativas, fortaleciendo la articulación de la básica y media con la educación superior y el sector productivo, atacando la deserción de niños y jóvenes, quienes pueden ser cooptados por las bandas delincuenciales o redes de prostitución.
Hay que acabar con las diferentes modalidades de corrupción existentes, especialmente en la contratación pública, pues los sobrecostos de hasta un 30% en las obras significan que los recursos dejen de utilizarse en mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los más necesitados. Esta corrupción explica también el desinterés y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y los funcionarios públicos, lo cual se expresa también en comportamientos que afectan la convivencia.
También se hace necesario adoptar medidas que atiendan la violencia intrafamiliar, la violencia por motivos de género y la intolerancia, factores que afectan la convivencia ciudadana y que se expresan en el aumento de homicidios y lesiones personales como resultado de estos hechos.
Es necesario bajarle la categoría de máxima a mediana seguridad a la Tramacua para que junto con los más grandes y peligrosos delincuentes del país salgan de la ciudad sus estructuras mafiosas y delincuenciales.
Del mismo modo, se debe trabajar en una verdadera inclusión social de los reinsertados y desmovilizados de los grupos armados, así como también de los desplazados, de los niños y jóvenes que han delinquido, para que estas personas sean verdaderos sujetos de derechos y no dejemos de seguir viéndolos como ciudadanos de segunda.
Valledupar merece volver a ser esa ciudad tranquila, segura, donde prime la cultura ciudadana y convivencia, en la que los problemas y las diferencias se solucionen a través del diálogo y donde prevalezca la inclusión y la equidad de todos y todas.
Por Jose Luis Sierra Mendoza
