El ex presidente del Concejo de Valledupar, Iván Luquez expone en Tuperfil.Net una posible formula para terminar el novelo suscitado por la elección del Personero Municipal.
—
La elección de personeros municipales y distritales se ha convertido en un verdadero desafío-problema para los Concejos del país. Desafío, teniendo en cuenta que asumen una función bastante compleja, y problema, porque en múltiples casos, se han dado a conocer serios cuestionamientos jurídicos y éticos que apuntan hacia la ocurrencia de presuntas irregularidades en los concursos públicos de méritos, desdibujando el propósito del legislador de garantizar transparencia, independencia y selección objetiva en la decisión cuando aprobó el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Y es que, si a nivel nacional llueve, en Valledupar no escampa. Al revisar el caso nuestro, el proceso de elección ha seguido la línea general precedente, incluso con elementos agravantes. El concurso se ha convertido en una cuestionable pugna jurídica y política, en la cual se ha sobrepasado su escenario natural -el Concejo Municipal- hasta el punto de llegar a instancias jurisdiccionales, a raíz de las acciones de tutela instauradas, entre otros, por los mismos concursantes: Alfonso Campo -actual Personero- y Lorena Cabrera, a quienes considero con suficientes calidades académicas y profesionales para asumir el cargo y ejercer a cabalidad con su labor. Sin embargo, por razones obvias hay que escoger uno.
Aunado a lo anterior, sobresalen acusaciones sobre presuntas faltas en la documentación aportada y, por ende, en la calificación de la universidad; la investigación de la Fiscalía general; controles de advertencia de la Procuraduría general; reparos legales ante el uso de la Tutela, etcétera.
Como consecuencia de dicha confrontación, infortunadamente surge una víctima indeseable: la institucionalidad pública local. ¡Sí!, aunque se subestime, la principal afectación se ha generado hacia las instituciones involucradas, cuya legitimidad debemos salvaguardar en todo momento, como esencia del Estado Social de Derecho, más allá de la consideración individual de la o las personas que actúan en su representación.
En relación con el Concejo, inquietan las decisiones administrativas aprobadas por sus integrantes, las cuales han tenido que ser revocadas por carecer de sustento legal inclusive. Por su parte, preocupa el riesgo inminente de la Personería de quedar acéfala, si el primero de marzo próximo no se posesiona su nuevo representante legal en propiedad tal como lo dispone la ley.
No obstante, a pesar de las falencias expuestas, los Honorables Concejales están a tiempo de reorientar sus actuaciones sobre el particular. Lo conveniente es que, habiéndose surtido las etapas propias del proceso concursal y luego de conocerse los fallos judiciales pertinentes, la elección se efectúe antes de culminar el actual periodo de sesiones ordinarias para impedir la interinidad y cubrir la vacante. Hacerlo es benéfico desde todo punto de vista: se cumple el ordenamiento jurídico sobre la materia, preserva la estabilidad institucional de la entidad y, al mismo tiempo, asegura el desarrollo normal de sus funciones constitucionales y legales.
Ahora, dado que cualquier circunstancia puede acontecer, si excepcionalmente -no sería lo ideal-, no es posible hacer la elección el 29 de febrero, propongo que el Sr. Alcalde Municipal convoque, de forma inmediata, a sesiones extraordinarias para tratar el asunto, de tal forma que se tome la decisión en el menor tiempo posible, evitando esperar hasta el segundo periodo de sesiones que comenzaría en junio.
En la conciencia y el voto de los responsables está la solución, ahora o en extras.
Por Iván Luquez Mindiola
Ex Concejal de Valledupar
