Tras una exhaustiva investigación interna, el Consejo Directivo de la institución decidió anular de manera unánime los títulos otorgados a Guerrero en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, al no encontrar evidencia de que la joven hubiera cursado o aprobado las asignaturas correspondientes.
Según el informe oficial, no existen registros académicos que demuestren la participación de Guerrero en clases, evaluaciones o actividades académicas dentro de la plataforma institucional.
“No se evidenció participación en clases ni evaluaciones en los sistemas institucionales, por lo que no hay soporte académico que sustente la expedición de los títulos”, señaló la Fundación Universitaria San José en un comunicado.
La institución también confirmó que se han iniciado acciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que podrían estar implicados en el otorgamiento irregular del título, además de una investigación interna para esclarecer cómo se permitió la expedición del diploma.
“Estos hechos son de interés público y ponen en riesgo la credibilidad de la educación superior. No toleraremos actos de corrupción dentro de la universidad”, aseguró un portavoz del centro educativo.
El escándalo salió a la luz luego de que el ICFES confirmara que Juliana Guerrero no presentó la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia.
Además, se conoció que el secretario general de la institución fue separado de su cargo, mientras que el Ministerio de Educación Nacional mantiene abierta una investigación para determinar posibles fallas en los controles académicos de la universidad.
De acuerdo con la Fundación San José, las anomalías fueron reportadas el 25 de septiembre de 2025, momento en el que se activaron los procesos legales y se dio aviso a las autoridades competentes. Aunque la investigación aún continúa, la universidad reiteró que los hallazgos preliminares fueron suficientes para anular los títulos y garantizar la transparencia institucional.
El caso sigue en desarrollo y podría convertirse en uno de los mayores escándalos académicos de los últimos años en Colombia, al poner en evidencia las fallas en la supervisión y control de los procesos educativos en el país.
