Lo que comenzó como una herramienta para democratizar los pagos digitales en Colombia podría terminar convirtiéndose en un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos. El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de plataformas como Bre-B, Nequi, Daviplata y otras billeteras electrónicas.
La medida, que según la cartera busca “equiparar la retención en la fuente de los pagos electrónicos y los pagos con tarjeta”, ha desatado una ola de críticas entre economistas, políticos y usuarios, quienes la catalogan como “el nuevo impuesto digital” y una de las peores ideas económicas para cerrar el actual gobierno.
De la promesa de gratuidad al cobro disfrazado
El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República y la Superintendencia Financiera, se lanzó el 6 de octubre con la promesa de transferencias instantáneas, seguras y sin costo entre entidades financieras. Sin embargo, el nuevo proyecto podría alterar esas condiciones y poner en riesgo la inclusión financiera que busca promover el país.
De acuerdo con el Ministerio, actualmente existen medios de pago —como códigos QR, tarjetas digitales y transferencias de bajo monto— que no están sujetos a retención en la fuente, lo que genera un “tratamiento dispar” frente a las operaciones que sí pagan retención, como las tarjetas de crédito o débito.
La propuesta, según el documento oficial, no sería un nuevo impuesto, sino un ajuste al sistema tributario existente. Aun así, la percepción pública apunta a que se trata de una nueva carga económica para los sectores más populares, que hoy usan estas plataformas para sus transacciones diarias.
“Un impuesto regresivo y una mala idea”
Las reacciones no se hicieron esperar. El exministro del Interior, Guillermo Rivera, cuestionó abiertamente la medida al señalar que “no es buena idea gravar las transacciones que se hacen a través de la aplicación Bre-B porque de ella harán uso los estratos populares y sería un impuesto regresivo”.
Rivera recordó que en Brasil, cuando se intentó gravar las operaciones del sistema PIX —similar a Bre-B—, “la indignación ciudadana fue tal que el gobierno tuvo que desistir”.
Por su parte, la precandidata presidencial Claudia López criticó duramente al Gobierno al afirmar:
“Qué capacidad de dañar todo. El chiste de Bre-B es que es una plataforma pública para hacer transferencias gratuitas. Si le clavan un impuesto, se la tiran desde el inicio”.
En la misma línea, el precandidato David Luna aseguró que la medida “convierte la inclusión financiera en una fuente de recaudo”, agregando que “Bre-B fue creada para permitir transferencias inmediatas, seguras y gratuitas entre entidades financieras, 24/7. ¿La respuesta del Gobierno? Gravarla”.
Una propuesta que podría costar confianza y futuro
El Ministerio de Hacienda insiste en que el proyecto aún está en etapa de comentarios, pero expertos advierten que su sola divulgación ya afecta la credibilidad del sistema Bre-B, apenas un mes después de su lanzamiento.
Economistas consultados advierten que imponer esta retención sería equivalente a un “nuevo 15×1000 digital”, afectando el flujo de dinero entre los pequeños comerciantes, trabajadores informales y ciudadanos de bajos ingresos.
Si bien el decreto plantea excepciones —como no aplicar a personas naturales no responsables de IVA ni a transacciones que no representen ingreso tributario—, la medida podría desincentivar el uso de plataformas digitales y frenar los avances en bancarización que Colombia ha logrado en los últimos años.
Una polémica que marca el cierre del Gobierno
En el ambiente político, la propuesta es vista como una de las decisiones más impopulares del actual Gobierno, que enfrenta un creciente descontento ciudadano por las cargas fiscales.
Mientras el Ministerio insiste en que se trata solo de una “equiparación técnica”, la percepción general es que esta podría convertirse en la peor propuesta para cerrar una presidencia: una medida que, bajo la excusa de “igualar condiciones tributarias”, termina golpeando directamente al ciudadano común.
