Bogotá, 28 de diciembre de 2025. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intensificó este sábado su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para impulsar reformas profundas al marco constitucional vigente, en medio de un fuerte debate político y jurídico en el país.
Petro ha defendido la iniciativa como una vía para incorporar cambios estructurales en aspectos como la justicia social, la tierra, el ambiente y la participación ciudadana, argumentando que el país aún no ha logrado implementar plenamente los principios del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución de 1991.
El presidente aclaró que no aspira a una nueva carta magna completa pero sí a reformas puntuales mediante este mecanismo, y enfatizó que la Asamblea no se realizará durante su mandato si se interpreta como un intento de concentrar poder o alterar el orden democrático. “No voy a ser dictador”, aseguró Petro en su cuenta de X, añadiendo que busca reformar el sistema político y social del país, no perpetuarse en el poder.
Según Petro, la Asamblea sería un proceso de iniciativa popular y no de ejecución gubernamental directa, y debe surgir del mandato ciudadano a través de la recolección de firmas y el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley constitucional.
Detalles de la propuesta y contexto nacional
El fin de semana pasado se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un comité promotor de la Asamblea Constituyente, lo que da inicio formal al proceso de recolección de firmas necesarias para avanzar en la iniciativa. El gobierno y sectores sociales afines han señalado la necesidad de habilitar espacios de participación más amplios para incorporar temas que, según ellos, han sido insuficientemente abordados por la Constitución actual.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo entre distintos sectores políticos. Críticos han advertido que una Constituyente podría poner en riesgo la estabilidad democrática y el equilibrio entre poderes. El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, calificó la idea como preocupante, al tiempo que otros opositores han señalado que no existe terreno legal claro para implementar este proceso sin la aprobación del Congreso.
Además, voces de instituciones religiosas y figuras del pasado negociador de paz han señalado que, aunque la Constitución actual permite reformas, no debería convertirse en un instrumento de confrontación política en un año electoral como 2026.
Retos legales y políticos
El camino hacia una Constituyente en Colombia exige superar importantes obstáculos legales, ya que la convocatoria debe ajustarse a los procedimientos establecidos en la propia Constitución, incluyendo la aprobación de leyes especiales por parte del Congreso. Expertos constitucionalistas han señalado que sin ese respaldo legislativo, la iniciativa podría enfrentar bloqueos institucionales o incluso ser declarada inviable.
Mientras tanto, el debate político continúa acaparando la atención pública, con partidarios que consideran la propuesta como una oportunidad para avanzar en reformas profundas y críticos que la perciben como una amenaza al marco democrático vigente.
