Valledupar, junio 18 de 2024*
Ante la preocupación de los habitantes de barrio como Chiriquí y Villa Jaidith al sur de Valledupar, luego de que se llevara a cabo el desalojo de la invasión Monte Sion, pero se dejara sin tocar la invasión del área de sesión del sector, surgió la pregunta de por qué esta parecer ser un asentamiento intocable.
El Secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Luis Pérez Peralta, explicó que el procedimiento de desalojo que exige la comunidad no ha podido ser concretado por diversas razones. «Hay una orden policial y una acción de tutela que requieren el desalojo de la invasión. Hemos realizado mesas de trabajo para revisar el presupuesto necesario. Esta invasión, con alrededor de 80 a 90 familias, requiere un esfuerzo presupuestal significativo para materializar la medida y cumplir con el fallo judicial.»
Respecto a la reciente desalojo en la invasión Monte Sión, Pérez Peralta señaló que » Fue una denuncia presentada por la misma comunidad, manifestando que la invasión se extendía a sustancias psicoactivas. Como administración municipal, no podemos permitir el consumo y extensión de sustancias psicoactivas en presencia de niños, niñas y adolescentes” dijo el funcionario.
El Secretario destacó que la intervención contó con el respaldo de varias entidades garantistas de derechos: «Nos acompañaron el Ministerio Público, la Personería, la Defensoría del Pueblo y el ICBF. Hicimos una caracterización de las familias y priorizamos a las víctimas del conflicto armado, brindándoles ayuda humanitaria inmediata conforme a la Sentencia 016 del 2021 de la Corte Constitucional.»
Sobre el seguimiento a las familias desalojadas, Pérez Peralta mencionó que : «Garantizamos una ayuda económica para alojamiento por dos a tres meses y un acompañamiento psicosocial a los menores afectados. Es importante tomar conciencia de que no se puede invadir sobre una vía pública, área de sesión o terreno privado.»
En cuanto a la invasión denunciada en cercanías al conjunto La Fortaleza, Pérez Peralta explicó que : «Esta invasión, surgida alrededor de agosto o septiembre del año pasado, está en competencia del inspector de policía urbano. Informan que hay unas 21 familias con construcciones sobre una zona de protección especial ambiental, lo cual es una agravante”. Añadió que el Municipio está coordinando con la Secretaría General, Secretaría de Hacienda y Obras Públicas para darle cumplimiento a la orden de desalojo y garantizar que las víctimas del conflicto armado reciban la ayuda necesaria..