La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) seis casos de ‘falsos positivos’ para su juzgamiento, lo cual puede significar una millonaria condena al país.
Los casos se relacionan con las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, el 11 de agosto de 1996; de Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; de Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y de Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.
La Comisión estableció que todas estas muertes ocurrieron de manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como “falsos positivos”, esto es, civiles asesinados para ser presentados como integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en combate, para lo cual se utilizan diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.
