La Nueva EPS atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras confirmar que enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones, una situación que amenaza la continuidad de la atención en salud de más de 11,7 millones de afiliados en todo el país y compromete seriamente su operación financiera.

De acuerdo con la entidad, las decisiones fueron adoptadas por cuatro juzgados, los cuales ordenaron el bloqueo de cuentas y recursos estratégicos, afectando el pago oportuno a prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos. El monto embargado, según explicó la EPS, equivale prácticamente a un mes completo de operación, razón por la cual se encendieron las alertas ante las autoridades de control y se solicitó una intervención urgente.

La Nueva EPS detalló que cerca del 80 % de los prestadores impactados por esta medida corresponden a las principales instituciones privadas del país, dentro de una red que supera los 5.000 prestadores distribuidos en todo el territorio nacional. La mayoría de los embargos obedecen a demandas interpuestas por 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría privadas.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al impacto de esta situación durante una sesión del Consejo de Ministros y advirtió que las decisiones judiciales están afectando directamente la entrega de medicamentos y servicios esenciales. “Los fondos retenidos forman parte del funcionamiento operativo necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los pacientes”, afirmó el funcionario, al tiempo que señaló que se está vulnerando el derecho fundamental a la vida.

Desde el Gobierno Nacional se ha insistido en que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter inembargable, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Sin embargo, los jueces que ordenaron las medidas sostienen que los dineros embargados corresponden a otros conceptos distintos a la UPC, lo que ha generado una fuerte controversia jurídica.

Entre los despachos judiciales que concentran el mayor número de medidas se encuentran el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. Frente a esto, la Nueva EPS anunció que ya inició acciones legales y gestiones directas con los jueces para evitar una parálisis en la prestación del servicio.

La situación también provocó una reacción directa del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente las decisiones judiciales y sugirió que detrás de los embargos podrían existir intereses promovidos por algunas IPS. El mandatario alertó que estas acciones están frenando el pago de medicamentos esenciales y pidió control disciplinario inmediato para los funcionarios judiciales involucrados.

Uno de los episodios más sensibles ocurrió el pasado 19 de enero, cuando se había acordado el giro de $60.000 millones a Colsubsidio para garantizar la entrega de medicamentos, recursos que finalmente fueron embargados antes de concretarse el pago, profundizando la preocupación sobre el futuro del sistema.

Como respuesta de fondo a la crisis, el jefe de Estado planteó la liquidación de las EPS intervenidas, argumentando que mantenerlas operativas implica usar recursos destinados a la atención de los pacientes para cubrir deudas antiguas, lo que, según el Gobierno, agrava un endeudamiento del sistema de salud que ya supera los $39 billones.

Mientras se resuelve el pulso jurídico, la Nueva EPS advierte que, de mantenerse los embargos, no solo se verá comprometida su estabilidad financiera, sino también la sostenibilidad del sistema de salud y la atención de millones de colombianos.