Durante su presencia en Gamarra, Cesar, en las ceremonias en memoria de Duperly Arévalo Carrascal, víctima del reciente ataque a la Registraduría local, Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado Civil, afirmó que las elecciones territoriales en Colombia no se volverán a realizar en la mayoría de los municipios, con excepción de Ricaurte, Nariño y Santiago, Putumayo, donde los eventos del pasado domingo fueron interrumpidos por cuestiones de seguridad.
El funcionario hizo alusión a incidentes en al menos 40 municipios, donde la oposición y seguidores de campañas políticas han perturbado los procesos de escrutinio, resultando en la destrucción y quema de documentación electoral y daños a las estructuras físicas de las sedes de escrutinio, citando ejemplos específicos como Manaure y La Jagua del Pilar en La Guajira, así como Chinú en Córdoba y Tiquisio en Bolívar.
Vega Rocha expresó con determinación que las elecciones no se repetirán debido a estos actos vandálicos, exceptuando los casos ya mencionados. Además, un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría condenó la violencia y aseguró la continuación de los escrutinios, respetando los procedimientos administrativos apropiados.
El comunicado aclara que, a pesar de la destrucción de materiales por disturbios, las imágenes de los formularios E-14 (actas de escrutinio) tienen validez legal para proseguir con los escrutinios y declarar oficialmente las elecciones, basándose en la legislación actual que permite utilizar los registros digitalizados en cualquiera de sus formatos autorizados.
A raíz de estos eventos, se iniciará un proceso de digitalización, aseguró Vega Rocha, confirmando que todas las actas han sido previamente digitalizadas y que, a pesar de los esfuerzos por sabotear el proceso, se procederá a declarar los resultados para alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles. Esta medida se respalda en la ley y jurisprudencia vigente.
El Registrador también denunció agresiones hacia las comisiones escrutadoras y amenazas contra jueces, notarios y funcionarios, subrayando que la integridad de quienes participan en el proceso electoral es primordial. Hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las fuerzas de seguridad para proteger y garantizar la integridad del proceso de escrutinio.
Por último, el comunicado conjunto insiste en un llamado a la calma y al uso de vías legales por parte de los partidos políticos para defender sus derechos e intereses dentro del marco de las comisiones escrutadoras, utilizando los recursos legales disponibles.
