Tras la decisión del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, la cual ordenó a las autoridades a ejecutar la sanción de tres días de arresto contra el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán, por el ya conocido desacatado promovido los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes, relacionado con la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, la administración municipal se pronunció sobre la decisión judicial.
En respuesta a lo anterior, el secretario de gobierno, Jorge Luis Pérez, destacó que la administración municipal respeta las decisiones judiciales pero enfrenta significativos desafíos para cumplir con el desalojo ordenado.
Pérez señaló que el problema es complejo y heredado de administraciones anteriores, lo que ha dificultado la ejecución de la sentencia.
«El desalojo de más de 30.000 personas, incluyendo víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, adultos mayores y grupos étnicos protegidos, plantea una imposibilidad jurídica y humanitaria,» expresó Pérez.
El secretario de gobierno también informó que la administración municipal ha fijado una fecha tentativa para el desalojo, el 30 de octubre, pero aclaró que esta acción depende de un pronunciamiento del Ministerio Público, que actúa como garante de los derechos humanos.
Pérez criticó además que los propietarios de los terrenos no han cumplido con sus responsabilidades, como proveer maquinaria y alimentación para el personal que asista a la diligencia.
La orden de arresto al alcalde Ernesto Orozco es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Valledupar, siendo la primera vez en 30 años que un alcalde enfrenta tal sanción.
La administración municipal se encuentra en una situación delicada, debiendo equilibrar el cumplimiento de las decisiones judiciales con la realidad de los asentamientos informales y la protección de los derechos humanos.
«La decisión judicial es clara, pero su implementación requiere considerar la realidad de los territorios y las limitaciones actuales,» concluyó Pérez.
Así mismo, reiteró que se encuentran en busca de soluciones viables que permitan cumplir con la sentencia sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes afectados.
