Valledupar, mayo 9 de 2025. Preocupados se encuentran los empleados de la Clínica Laura Daniela en Valledupar ante los crecientes rumores de una posible liquidación. Aunque la empresa ha iniciado un proceso de reorganización empresarial, muchos trabajadores lo interpretan como una estrategia para eludir sus obligaciones laborales y financieras.
A través de una entrevista concedida a este medio de comunicación, un extrabajador de la entidad —a quien, por razones de seguridad, identificamos con el nombre genérico de Juan Mendoza— relató las graves dificultades que atraviesan más de 8.000 acreedores, entre empleados, personal médico, contratistas y proveedores de servicios.
“El proceso de reorganización que inició la clínica no es más que una excusa para evadir las responsabilidades con nosotros los empleados. En mi caso, me deben 3 millones 500 mil pesos desde el 2022 por concepto de liquidación y cesantías”, afirmó.
Según explicó Mendoza, la propuesta presentada ante la Cámara de Comercio consiste en un plan de pago en 48 cuotas sin intereses, con un plazo inicial de dos años de espera, algo que califica como una burla. “Eso significa que lo que debieron pagarme en 2022 lo terminarían pagando, si es que lo hacen, en 2032. Es un pago irrisorio, indigno y fuera de toda lógica para una empresa que sigue facturando”, dijo.
Más de 8.000 acreedores en vilo
Durante la audiencia de conciliación dirigida por Elber Araujo se reveló que la organización debe responder ante más de 8.030 acreedores, entre ellos profesionales de la salud a quienes se les adeudan cifras que alcanzan hasta los 650 millones de pesos.
“Hay médicos a los que les deben 250, 300, hasta 600 millones. Ellos también son víctimas de este atropello, aunque no figuren como empleados, pues su labor fue real y esencial”, denunció.
El extrabajador también criticó el hecho de que, mientras la empresa sigue recibiendo pagos de entidades como la Policía, el Ejército y organismos de salud pública, “los empleados debemos vivir del día a día, de rifas, mototaxi o cualquier otro medio informal para sobrevivir”.
Reorganización o liquidación encubierta
Aunque la clínica no ha sido formalmente liquidada, el entrevistado advirtió que el proceso actual podría ser el paso previo. “Hoy dicen que es reorganización, mañana dirán que no pudieron pagar en 10 años y pedirán 10 años más. Esto ya ha pasado con otras empresas que usaron la misma figura para evadir responsabilidades”, indicó.
Para Mendoza, aceptar el acuerdo sería entregar sus derechos: “Si aceptamos, los procesos legales en curso quedan suspendidos. Incluso quienes ya tienen sentencias a favor no podrían ejecutar sus cobros”.
El trabajador hizo un llamado a entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Cámara de Comercio de Valledupar para que actúen frente a lo que considera una grave injusticia. “No se trata solo de un problema empresarial. Esto pone en riesgo la economía de muchas familias y la salud de los ciudadanos. ¿Qué pasa si los médicos se van? ¿Quién atiende a los pacientes?”.
Finalmente, Mendoza insistió en que la única solución justa es el pago inmediato de las deudas. “La organización se llama humana, pero con nosotros no ha tenido ni un mínimo de humanidad”.
