Valledupar, noviembre 20 de 2025 En Valledupar aumenta la polémica por el presunto cobro irregular de una tasa vehicular a motocicletas menores de 125 centímetros cúbicos, una obligación que —según la ley— no deberían pagar. La controversia se reactivó luego de que el ciudadano Ever Rincón Criado radicara una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Valledupar.
El caso gira alrededor del Acuerdo Municipal 021 de 2021, norma aprobada por el Concejo que estableció una tarifa por derechos de tránsito para diferentes categorías de vehículos. Para Rincón, este acuerdo habría pasado por alto la exención nacional prevista en el artículo 141 de la Ley 488 de 1998, que establece que las motocicletas menores de 125 c.c. no están sujetas al cobro registral ni al impuesto de circulación y tránsito.
Los señalados en la queja disciplinaria
El ciudadano dirigió su denuncia contra:
- El exalcalde José Santos Castro (período 2020–2023)
- El alcalde actual Ernesto Orozco
- Los concejales que aprobaron el Acuerdo 021 de 2021
- La secretaria de Tránsito, Marianela Guillén
- Los jefes de cobro coactivo y funcionarios de la dependencia
Rincón sostiene que el acuerdo habría sido aprobado y aplicado sin considerar la normatividad nacional, lo que —según él— derivó en un cobro que califica como “manifiestamente ilegal”.
El caso que detonó la denuncia
Rincón asegura que fue contactado por WhatsApp desde la misma Secretaría de Tránsito con mensajes de cobro relacionados con una motocicleta de 50 c.c., la cual afirma que se incendió hace 18 años y que desde entonces no existe físicamente. A pesar de ello, asegura que aparece en el sistema como deudora.
El denunciante asegura que, ante lo que considera un cobro improcedente, solicitó en repetidas ocasiones la corrección de la base de datos, pero no obtuvo respuesta satisfactoria. Esto lo llevó no solo a presentar la queja ante la Procuraduría, sino también a pedir la exclusión definitiva del vehículo del registro y el cese de lo que cataloga como “hostigamiento administrativo”.
Argumentos legales que sustentan la queja
La petición elevada por Rincón explica que:
- Los municipios no pueden crear tributos ni tasas por fuera de la ley, de acuerdo con los artículos 338 y 287 de la Constitución.
- La tarifa aplicada a motocicletas menores de 125 c.c. desconoce la exención prevista en la Ley 488 de 1998.
- La Secretaría de Tránsito habría continuado con el cobro pese a conocer el vacío legal del acuerdo, lo que podría configurar —según Rincón— falta disciplinaria por omisión o extralimitación de funciones.
Además, la queja solicita que la Procuraduría revise si hubo responsabilidad de los concejales al aprobar el acuerdo y si la administración municipal incurrió en una eventual violación del principio de legalidad tributaria.
Impacto ciudadano
Este caso ha generado inquietud entre propietarios de motocicletas pequeñas, uno de los medios de transporte más comunes en la ciudad. Algunos ciudadanos han manifestado en redes sociales que también han recibido correos o mensajes de cobro que consideran injustificados.
El temor general es que la aplicación del acuerdo haya significado pagos indebidos durante varios años, lo cual podría abrir la puerta a reclamaciones masivas si se confirma una falla administrativa.
Lo que viene
La Procuraduría evaluará la queja y deberá establecer si abre o no una investigación disciplinaria formal. De confirmarse las irregularidades, las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta suspensión de funcionarios y por obvias razones, tumbar el Acuerdo por vicios de nulidad, que es a la postre, la intención del demandante.
