Riohacha la Guajira, Diciembre 30 de 2025 –  La comunidad indígena wiwa vive momentos de profunda preocupación tras el asesinato de José Miguel Mojica Conchagüí, ocurrido en el territorio central de la cuenca del río Ranchería, en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. El crimen, atribuido a actores armados ilegales, ha reavivado el temor por nuevos desplazamientos forzados y ha puesto en evidencia la persistente ausencia del Estado en esta zona de la Sierra Nevada.

De acuerdo con líderes indígenas y defensores de derechos humanos, Mojica fue asesinado delante de su familia y de miembros de la comunidad, en un hecho que se suma a una cadena de hechos violentos registrados en los últimos meses. Pedro Loperena, vocero del pueblo wiwa, denunció que en lo corrido de los últimos tres meses ya se han presentado tres asesinatos, entre ellos el de dos mujeres, dentro del territorio ancestral.

“El último caso ocurrió el 26 de diciembre, cuando fue asesinado José Miguel Mojica, de 42 años, frente a su esposa e hijos, con varios impactos de arma de fuego en la cabeza”, relató Loperena, quien explicó que no fue posible realizar el levantamiento del cuerpo ni la inspección judicial debido a los enfrentamientos armados registrados posteriormente en la zona.

Según el líder indígena, cuando la Fuerza Pública intentó ingresar al territorio, se produjo un enfrentamiento entre tropas del Batallón Rondón y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el sector del puente de Marocaso, dejando a varias familias en medio del fuego cruzado. Horas después, las tropas se retiraron del lugar, situación que incrementó la zozobra entre los habitantes.

“La gente está aterrada. No hay garantías de seguridad y ya varias comunidades han tenido que desplazarse internamente. En lugares como La Músula solo quedaron casas vacías”, aseguró Loperena, al advertir que al menos siete comunidades indígenas se encuentran en riesgo.

Los líderes indígenas señalan que esta violencia está relacionada con la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un conflicto que, según denuncian, se viene agudizando desde 2024, cuando se registró un primer desplazamiento masivo en la zona.

“No existe presencia real del Estado. No hay seguridad, no hay protección, y además nuestras comunidades han sido víctimas de extorsiones contra campesinos, comerciantes e indígenas”, sostuvo el vocero, al mencionar comunidades como La Laguna, Guamaca, Marocaso, Sabana Joquina, Ximique, Idamúscula y Limón entre las más afectadas.

Desde el pueblo wiwa se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de derechos humanos para que adopten medidas inmediatas que garanticen la vida y la permanencia de las comunidades en su territorio ancestral. Loperena recordó que esta población cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con una alerta temprana vigente, mecanismos que, aseguran, no se han traducido en acciones efectivas en el territorio.

Mientras tanto, el temor persiste en la Sierra Nevada, donde las comunidades indígenas y campesinas enfrentan el riesgo de nuevos desplazamientos en medio de una violencia que consideran ajena a su vida y a su cultura.