La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no solo impone condenas: también abre heridas, reabre debates y deja preguntas incómodas.

La Corte Suprema de Justicia condenó a José Leonidas Bustos, exmagistrado que alguna vez integró ese mismo alto tribunal, a más de diez años de prisión por su participación en el escándalo del llamado “Cartel de la Toga”. El símbolo no puede ser más potente: quien debía proteger la pureza del sistema judicial terminó condenado por corromperlo.

La sentencia ratifica algo que durante años muchos sospecharon y otros negaron: sí existió una estructura que prostituyó la justicia desde sus más altas esferas. Y eso no es un asunto menor. Cuando se corrompe un juez, se tambalea el Estado de derecho. Cuando se corrompe un magistrado de la Corte Suprema, se erosiona la confianza de todo un país.

Pero la condena no cierra el capítulo. Lo abre.

Porque ahora la pregunta inevitable es: ¿qué pasa con los fallos en los que intervino Bustos? ¿Qué pasa con las decisiones que marcaron el destino político y personal de muchos colombianos? ¿Puede el país simplemente pasar la página como si nada hubiera ocurrido?

Uno de esos casos es el del excongresista Álvaro Araujo Castro, conocido en el Cesar como “Alvarito”. Tras conocerse la condena contra Bustos, Araujo no ocultó su satisfacción. Y es comprensible. Fue precisamente la Corte —con Bustos en su seno— la que lo condenó a nueve años de prisión, truncando una carrera política que, en ese momento, se proyectaba con fuerza nacional.

No se trata de celebrar la desgracia ajena. Se trata de entender el contexto. Cuando quien juzga termina condenado por corrupción, el impacto no es solo jurídico: es moral y político. Y es apenas natural que quienes fueron procesados por esa estructura sientan que la historia les da, al menos, un respiro.

Sin embargo, el debate no puede quedarse en simpatías personales ni en rivalidades políticas. Esto no es un asunto de venganzas ni de fresquitos. Es un asunto de legitimidad institucional.

Si un magistrado participó en una red de corrupción, es razonable exigir que se revisen con lupa sus actuaciones. No para absolver automáticamente a nadie. No para reescribir la historia por conveniencia. Sino para garantizar algo básico: que cada fallo haya sido producto del derecho y no de intereses ocultos.

La justicia no solo debe ser recta; debe parecerlo. Y hoy, sobre varios procesos, se posa un manto de duda inevitable.

El daño del “Cartel de la Toga” no fue solo el dinero que pudo haberse movido bajo la mesa. El verdadero daño fue la desconfianza sembrada en la ciudadanía. Esa sensación de que la balanza no siempre estuvo equilibrada.

Ahora la Corte ha dado un mensaje importante: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la interpretan. Pero el mensaje quedará incompleto si no se revisan, con rigor y transparencia, los procesos que puedan estar contaminados.

La justicia tarda, sí.
Pero cuando llega, tiene la obligación de limpiar no solo los nombres de quienes corrompieron el sistema, sino también de reparar —si corresponde— a quienes pudieron haber sido víctimas de él.

Porque la toga no puede volver a ser símbolo de sospecha.
Debe volver a ser símbolo de confianza.

Y esa, hoy más que nunca, es una tarea pendiente.

Por Limedes Molina Urrego

Director TUPERFIL.NET