En una reunión clave en el palacio municipal, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, lideró una jornada de trabajo con la participación de miembros de la bancada de Congresistas del Cesar, secretarios del Gabinete Municipal y delegados de la Gobernación del Cesar. El encuentro se centró en buscar soluciones a dos desafíos críticos que enfrenta el municipio: la problemática de los asentamientos ilegales y la mejora de los índices de seguridad.
Entre los asistentes a la reunión se encontraban los senadores Imelda Daza Cotes y José Alfredo Gnecco, así como los representantes José Eliécer Salazar, Carlos Felipe Quintero, Alfredo Ape Cuello y Jorge Tovar Vélez. Durante la jornada, los congresistas abordaron desde distintas perspectivas el serio problema de los asentamientos ilegales que afectan a más de 30.000 familias en Valledupar.
Una de las acciones discutidas fue la respuesta del municipio, a través de la Oficina Asesora Jurídica, ante un fallo que ordena el desalojo del predio Sabana 1. Se propuso una nueva ruta que incluye la solicitud de modulación del fallo ante el Juez y la Corte, lo que permitiría la adquisición, legalización, intervención y titulación de los predios en cuestión.
La necesidad de gestionar ante el gobierno central se destacó como una prioridad urgente, especialmente para dar cumplimiento a la orden judicial que exige el desalojo de varias áreas, incluyendo Altos de Pimienta, Los Guasimales, Brisas de La Popa y Bello Horizonte II, antes del 30 de octubre. Ernesto Orozco subrayó la importancia de esta iniciativa, recordando que Valledupar fue pionera en implementar un Plan Piloto para la legalización de invasiones. «Nuestra invitación desde la Alcaldía es que le prestemos un servicio de bien a la comunidad de la mano con ustedes», afirmó el alcalde.
Durante la reunión, se plantearon varias propuestas, entre ellas, organizar una visita a Valledupar de funcionarios nacionales para que conozcan la situación de primera mano, coordinar una reunión con la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y gestionar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No se descartó la posibilidad de una reunión con el presidente Gustavo Petro, así como la gestión ante ministerios relevantes y la diplomacia con gobiernos de otros países.
Los congresistas y funcionarios presentes valoraron positivamente la iniciativa del alcalde Ernesto Orozco para abordar el persistente problema de las invasiones, y respaldaron la propuesta de negociar con los propietarios de los terrenos para luego proceder con su legalización. También se acordó enviar una carta conjunta a los organismos de control exponiendo la situación.
El encuentro concluyó con la presentación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) por parte del asesor Pablo Bonilla, quien destacó la importancia de la prevención, el acceso a la justicia en el municipio, y la creación de un Observatorio y una Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar la seguridad en Valledupar.
