Becerril. Una protesta masiva se apoderó de las carreteras del departamento de Becerril cuando los miembros de la comunidad Wiwa bloquearon tanto la entrada como la salida del municipio. Este movimiento de resistencia se origina en su demanda por el acceso a una educación etno diferencial, considerada fundamental para la preservación de su rica herencia cultural.
La comunidad Wiwa, representada por Elkin José Mendoza, quien ostenta el título de Cabildo Gobernador de la Comunidad enfrenta una situación de inmensa complejidad. Desde el año 2015, han sido desplazados de su territorio ancestral y asentados en el albergue La Ciudadela. Allí se les prometió educación y servicios de salud, mientras se buscaba una solución permanente. Sin embargo, según Mendoza, esas promesas aún no se han cumplido.
Mendoza detalló que : «En el 29 de septiembre tuvimos una reunión con la Agencia Nacional de Tierra y el Ministerio del Interior, donde quedó claro que a la otra parte, la familia Wiwa, que está asentada en El Molino, se le garantizaría el territorio y todo lo demás. Asimismo, a esta población que hoy está acá en el municipio de Becerril, 46 familias registradas en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dio a conocer, y de ahí un acta que también se la radicamos al alcalde, donde ya, en acompañamiento del pueblo Wiwa, se le estarán comprando un territorio a dichas familias que han decidido quedarse en el municipio de Becerril y todas las garantías.»
La comunidad Wiwa está enfrascada en una lucha interna debido a una disputa sobre su representación. Mientras Julio Nieves es reconocido como Cabildo Gobernador por una facción, Mendoza ha sido elegido como Cabildo Gobernador por otra. Esto ha llevado a la falta de una interlocución efectiva con las autoridades locales.
La principal demanda de la comunidad Wiwa en este momento es la reanudación de la educación en su lengua y la preservación de su cultura. Denuncian que se han cerrado escuelas y se han llevado a los docentes a otra institución sin su consentimiento, lo que consideran una violación de sus derechos culturales y educativos.
