Valledupar
En reciente visita de este martes a Bogotá, la gobernadora del César, Elvia Milena Sanjuan, junto a los congresistas del departamento, se reunió con la recién escogida Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz para tratar el persistente problema de las invasiones de predios en Valledupar. La reunión, que buscaba abordar una problemática social de larga data en la ciudad, ha sido considerada un paso crucial en la búsqueda de soluciones definitivas a este fenómeno.
La gobernadora Sanjuan destacó en entrevista con este medio de comunicación, que la visita a la Defensora del Pueblo “es un esfuerzo continuo por parte del alcalde Ernesto Orozco para resolver el problema de los asentamientos ilegales que aqueja a Valledupar desde hace décadas”. En la reunión, se establecieron acciones conjuntas para abordar la sentencia T9 46 de 2011, que ha sido criticada por estar desactualizada en relación con la realidad actual. “Lo más urgente es evitar que la fecha perentoria del 30 de octubre se consolide bajo las condiciones actuales”, expresó Sanjuan.
Durante la visita, se acordó que la Defensoría del Pueblo, con su capacidad única, podría solicitar a la Corte Constitucional la revisión y posible modificación de la sentencia mencionada. “La Defensoría revisará el caso y, una vez posicionado, solicitará a la Corte la modulación de la sentencia para garantizar los derechos humanos de las familias asentadas”, agregó Sanjuan.
Además, la gobernadora reveló que Valledupar podría ser la primera ciudad visitada por la nueva Defensora del Pueblo. “Estamos coordinando su llegada con el alcalde Ernesto Orozco. Queremos que esta visita incluya una inspección directa de los asentamientos afectados”, comentó.
En paralelo, Sanjuan y su equipo han mantenido contacto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para explorar estrategias legales adicionales para enfrentar el problema de las invasiones. Aunque la gobernadora no pudo asistir a esta reunión, se recibió un informe positivo sobre el compromiso de la agencia para apoyar al alcalde Orozco y considerar la modulación de la sentencia en favor de las familias afectadas.
“Estas reuniones con instancias nacionales son una muestra clara de la voluntad política y el compromiso para resolver este problema social”, concluyó la gobernadora. La colaboración entre el gobierno local, los congresistas y las entidades nacionales sigue siendo fundamental para encontrar una solución efectiva a la crisis de los asentamientos ilegales en Valledupar.
