Valledupar, junio 12 de 2025. Miguel Martínez Maecha, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Cesar y La Guajira, negó tajantemente que exista politización dentro de la entidad regional, tal como lo han denunciado diversos sectores en las últimas semanas. En diálogo con este medio de comunicación, el funcionario aseguró que “la protección se otorga a quien pasa los estudios de riesgo” y que “la UNP no asigna ni desmonta esquemas de seguridad, eso lo hace el comité SEREN”.
Martínez Maecha se refirió también a denuncias sobre presuntos cobros ilegales para ingresar como escolta a la entidad. De acuerdo con lo que expuso, los contratos de protección no son manejados directamente por la UNP, sino por una unión temporal externa. “La contratación de escoltas la maneja la UT Máximo Security 2023. Nosotros no hacemos procesos de incorporación”, afirmó, indicando que cualquier irregularidad debe ser denunciada ante las autoridades competentes.
Frente al señalamiento de que algunos escoltas fueron retirados por denunciar el mal uso de esquemas de protección, Martínez aseguró que “esa versión es falsa”. Según explicó, tras una investigación adelantada por el grupo de verificación de Bogotá, se evidenciaron faltas cometidas por los propios escoltas, lo que habría motivado su salida.
Respecto a las recurrentes quejas por el mal uso de vehículos oficiales, como beneficiarios que obligan a escoltas a pasear mascotas, llevar niños al colegio o participar en fiestas, el director regional de la UNP admitió que estas acciones están prohibidas, pero recalcó que las denuncias deben hacerse con nombre propio. “Llamé a la persona que vino a mi oficina a denunciar y le pedí que señalara con nombres a los beneficiarios. Hasta ahora no me ha entregado esa información”, afirmó.
El director también respondió a las afirmaciones del sindicato ANATRA-SED, que denunció irregularidades presupuestales y advirtió que al menos 30 escoltas estarían sin laborar. Martínez Maecha reconoció que existen vacantes, pero aclaró que son alrededor de 18 casos y que “algunos ya han sido incorporados”. Añadió que los contratos están sujetos a la vigencia de los esquemas: “Si el beneficiario es declarado con un nivel de riesgo ordinario, se desmonta la protección y el escolta queda sin función”.
También fue consultado sobre la supuesta disminución de exintegrantes de la Fuerza Pública dentro de la entidad y la presencia creciente de firmantes del acuerdo de paz. Explicó que estos últimos trabajan en la subdirección especializada que surgió con el proceso de reincorporación, y que “algunos con experiencia” están activos, pero que ese dato lo maneja directamente la unión temporal contratista.
En cifras, Martínez Maecha indicó que en el Cesar operan actualmente 438 escoltas, entre personal de planta y contratistas, aunque reconoció que no tiene injerencia directa sobre el departamento de La Guajira, que ahora es atendido desde Barranquilla.
Sobre las quejas del sindicato acerca de 150 solicitudes represadas de esquemas de seguridad, el director expresó no conocer esa información: “No sé de dónde sacan ese número. Esa información ni siquiera se maneja aquí en la regional, eso lo maneja Bogotá”.
Consultado sobre casos específicos, como el del periodista José Castro Orcasitas, quien denunció haber sido víctima de un atentado y haber solicitado sin éxito medidas de protección, Martínez confirmó que recibió atención prioritaria bajo la figura de trámite de emergencia. “Se le asignó escolta, chaleco balístico y medio de comunicación. El comité SEREN decidió mantener esa misma medida, y nosotros nos limitamos a cumplirla”, concluyó.
Martínez Maecha defendió la operatividad de la entidad regional, aunque reconoció que hay aspectos que deben mejorarse. “Las denuncias se deben presentar formalmente, con nombres y detalles, no con generalidades en medios. Solo así podemos tomar acciones concretas”, insistió.
