Las posibles anomalías en un saldo pendiente por la sobretasa ambiental a cinco municipios, habrían conllevado a la Procuraduría General de la Nación a aperturar una indagación preliminar a funcionarios de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar.

Chiriguaná ($432 millones), El Copey ($28 millones), Pelaya ($16 millones), San Alberto ($353 millones) y Valledupar ($528 millones), serían los municipios que aportarían el total de la presunta deuda de $1.352.157.972, por concepto de la gestión de cobro para programas de protección y restauración del medio ambiente.

El Ministerio Público verificó la información de la auditoria financiera de la Contraloría General de la República a la Corporación, en la que arroja que los dineros adeudados serían de 31 de diciembre del 2022. Por lo anterior, se investiga a los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas, quienes en caso de hablarles responsabilidad alguna, se establecerá si es constitutiva de falta disciplinaria.