Valledupar, mayo 6 de 2025. Una grave crisis humanitaria vive actualmente la comunidad indígena Kankuama, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, tras los hechos violentos registrados el pasado 28 de abril en la vereda Monte Sión. La situación ha dejado decenas de familias desplazadas, viviendas destruidas y derechos fundamentales vulnerados, según denunció el cabildo gobernador Jaime Luis Arias.
“Después de los hechos del 28 de abril ha pasado una situación difícil de afectación a nuestro pueblo, con persistencia de acciones sistemáticas que siguen violentando los derechos de nuestra comunidad”, afirmó Arias, en entrevista con este medio de comunicación.
El cabildo denunció que los ataques no solo afectaron a Monte Sión, sino también a la comunidad de Los Laureles, donde aún hay familias confinadas en zonas altas. Además, señaló que la respuesta de las autoridades ha sido tardía, lo que ha agravado la crisis. “Indudablemente hay una ocupación del predio, afectaciones a viviendas y sitios sagrados. Por eso exigimos medidas urgentes”, enfatizó.
El líder indígena aseguró que, aunque históricamente han existido diferencias territoriales entre pueblos indígenas, el conflicto con el pueblo Arhuaco no debe escalar. “Esperamos que esto no profundice, no entendemos cómo se ha llegado a este punto. Nuestro principio es convivir con la naturaleza y como hermanos”, manifestó.
Arias también señaló que intentó establecer contacto con las autoridades tradicionales del pueblo Arhuaco, sin obtener respuesta oportuna. “Recién ayer hubo un pronunciamiento que no coincide con la realidad que se vive en el territorio”, dijo. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha convocado una mesa de diálogo que se realiza hoy, con participación de autoridades del pueblo Kankuamo.
“Hemos estado siempre dispuestos al diálogo, pero exigimos garantías mínimas y una respuesta urgente para la población afectada. Confiamos en que esta reunión marque un precedente para que no se repitan situaciones como esta”, sostuvo el cabildo, quien confirmó la llegada de un delegado del Gobierno Nacional.
Actualmente, las familias desplazadas permanecen refugiadas en la casa indígena, donde se ha declarado una asamblea permanente. Entre los afectados hay 43 niños que no han podido retornar a clases y cerca de 70 menores cuya educación está interrumpida por la situación de orden público. “Los servicios vitales como salud y educación están gravemente afectados. Las ayudas humanitarias han sido mínimas y no cubren las necesidades reales”, advirtió.
El gobernador indígena reiteró que se mantiene la declaratoria de emergencia humanitaria y exigió que se respeten los derechos del pueblo Kankuamo. “Debe garantizarse el retorno digno de las familias afectadas, asumir responsabilidades por los daños causados y reconocer la afectación espiritual y material que esto ha significado para nosotros”, concluyó.
