Valledupar junio 11 de 2025. Graves denuncias sobre corrupción, mal manejo de recursos y uso indebido del personal de escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron reveladas por Moisés Andrade Racines, experto en seguridad, quien afirmó que la entidad ha desviado su propósito original de proteger a personas en riesgo hacia intereses políticos y personales.
En diálogo con este medio de comunicación, Andrade expuso una serie de irregularidades que, según dice, ocurren dentro de la UNP, como la venta de cupos para ingresar a la institución, asignaciones de seguridad injustificadas y condiciones precarias para quienes verdaderamente necesitan protección.
“A muchos exmilitares les tocó prestar cinco millones de pesos para dárselos a alguien dentro de la UNP y poder ingresar”, afirmó, refiriéndose a una práctica de presunta corrupción interna. Agregó que “la empresa que presta el servicio se entrega a dedo, sin licitación clara”, denunciando la falta de transparencia en la contratación.
Uno de los casos que más lo indigna es el de su propio hermano, quien trabaja en el sistema de justicia y paz y ha sido considerado en riesgo, pero solo le entregan un chaleco deteriorado, un celular básico y ningún acompañamiento profesional. “Le entregan un pitico, un teléfono que llamamos nosotros pito, un telefonito de esos para que el tipo se defienda”, relató.
Mientras tanto, aseguró haber presenciado cómo escoltas asignados a personas influyentes se dedican a pasear perros en lugar de cumplir funciones de seguridad. “Por el norte me quedo yo viendo a un miembro de la UNP paseando en la mañana un perrito para que haga sus necesidades. ¡Por Dios!”, exclamó.
Para Andrade, la situación se ha agravado por la intromisión política en la entidad. “Aquí los gobernantes de turno o el amigo del senador mete gente en la UNP, aunque su perfil no lo amerite”, dijo. Según él, muchas personas con verdaderas amenazas no reciben protección, mientras otras, por influencias políticas, gozan de esquemas con vehículos blindados y escoltas múltiples.
Propone una reestructuración urgente y profunda. “A la UNP hay que quitarle el manejo político. Hay que meterle una mano desde la dirección nacional y hacer que quienes estén ahí pasen verdaderos filtros”, sostuvo. “Que presten seguridad a quien realmente lo necesita, no por capricho ni para sacar perros a hacer popó”, reiteró.
Andrade también criticó la precariedad de algunos esquemas de protección. “Mataron a Danilo Hernández, quien tenía una unidad a pie. La escolta iba caminando por el obelisco cuando lo asesinaron. ¿Cómo es posible proteger a alguien con una bicicleta o una moto pasola?”, cuestionó, asegurando que la entidad tiene los medios para garantizar una protección adecuada, pero no los usa correctamente.
Este medio de comunicación intentó comunicarse con Miguel Martínez, coordinador de la UNP en el Cesar, pero no ha respondido a las llamadas ni ha ofrecido declaraciones sobre estas denuncias.
Además, Andrade aseguró que los funcionarios que se atreven a denunciar son castigados. “Los que participaron en protestas frente a la sede de la UNP en Valledupar fueron despedidos al día siguiente”, reveló. “Tengo la documentación y estoy dispuesto a presentarla públicamente. A mi hermano le han negado todo, siendo su caso de alto riesgo. Y como él, hay muchos más”, concluyó.
La situación, según Andrade, refleja un abandono institucional a quienes verdaderamente necesitan protección, mientras se mantiene un sistema clientelista que desvirtúa el objetivo de la entidad.
