Margarita* y su esposo hicieron un largo viaje que los condujo hasta la parcelación El Toco, corregimiento Los Brasiles, perteneciente al municipio de San Diego, departamento del Cesar. Allí, por medio de un acto de entrega, la pareja pudo recibir la parcela once, la misma que había perdido por causa de la violencia años atrás.
“Con la ayuda de Dios y de la Unidad de Restitución de Tierras, junto con mi familia, vamos a trabajar fuertemente para que estas tierras vuelvan a ser prósperas”, señaló en medio del acto la mujer que hoy disfruta de una parcela de 32 hectáreas.
Esta mujer de 54 años contó que durante su desplazamiento se dedicó a la modistería para poder sobrevivir. Pasar de la tranquilidad del campo a los afanes de las grandes ciudades costó mucho sacrificio a la familia hoy beneficiaria, quienes se vieron obligados a desplazarse por temor a ser asesinados por los paramilitares.
El fallo de restitución que ordena la devolución de las tierras abandonadas por causa de la violencia en el año de 1997, fue proferido por el Tribunal Superior de Antioquía. El juez primero especializado en restitución de tierras de Valledupar, Camilo Manrique, fue el encargado de entregar el predio.
Una vez restituido la parcelació a sus legítimos dueños, la URT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, inició el proceso para que la familia sea beneficiada lo más pronto posible con proyectos productivos en ganadería doble propósito y se garantice su seguridad alimentaria con cultivos de maíz, plátano y yuca, entre otros.
La sentencia también ordena que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras le entregue un predio de similares o mejores características a la persona que habitaba las tierras restituidas, dado que pudo demostrar que también fue víctima del conflicto armado.
La parcelación El Toco, en los últimos veinte años, marcó la historia de aquellos campesinos que un día perdieron todo por causa del conflicto armado vivido en la zona. La violencia comenzó cuando paramilitares, con lista en mano, asesinaron a varios parceleros, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla.
Estas familias, que eran por lo menos 90, habían invadido la hacienda en la década de 1990, desarrollando allí cultivos de algodón, maíz, patilla, melón, yuca, plátano y frijol. En mayo de 1997, un mes después del primer desplazamiento, los paramilitares, al mando del también exjefe paramilitar John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, volvieron a cometer una masacre, esta vez con un lamentable saldo de 13 personas muertas.
