La Unidad de Restitución de Tierras ha presentado aproximadamente 25 casos de demanda para restituir a campesinos en la vereda El Platanal, jurisdicción de Codazzi, predios que actualmente posee la multinacional minera Drummond.
Estos casos, junto a otros 3500 ya han sido estudiados por la Unidad en el Cesar y La Guajira y entre ellos, 650 demandas han sido presentadas a los jueces de restitución. Estos datos fueron aportados por el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Jorge Chávez, quien en Valledupar participó de un seminario liderado por la Comisión Colombiana de Juristas, ente que plantea los inconveniente que este proceso de reparación a las victimas ha tenido por cuenta de la minería.
“La minería es absolutamente inconveniente frente a los derechos de las víctimas, porque busca que no haya lugar a la restitución sino simplemente unas indemnizaciones económicas a las personas que hoy están reclamando tierras que hoy están dedicadas a la minería”, dijo Jennifer Mojica, subdirectora de la Comisión.
Esto para la Comisión y los invitados al seminario en Valledupar, es algo que raya en la impunidad, pues está demostrado que la llegada de la minería en el Cesar fue apoyada con violencia. “Está demostrado y hay múltiples investigaciones que han evidenciado que la introducción de la minería en el departamento se dio a raíz de las acciones de grupos paramilitares”, agregó la subdirectora.
Esto sin olvidar las consecuencias ambientales que deja la minería, tema ampliamente expuesto en el Cesar y La Guajira.
Sin embargo la Unidad de Restitución de Tierras no considera igual. Jorge Chávez director territorial asegura que la minería no ha sido inconveniente para reparar a las víctimas, pero si presenta esta actividad una situación compleja.
“Hay complejidades que van apareciendo en el proceso porque como ustedes saben el Cesar tiene alta densidad de títulos mineros pero para la restitución no han nada inconveniente que pueda frenar el proceso. Prueba de esto es que nosotros tenemos actualmente demandas de tierras que actualmente tiene Drummond y Prodeco”, afirmó Chávez.
El director asegura que en los 3500 casos estudiados hasta ahora, de 5500 solicitudes presentadas, se ha encontrado que las multinacionales han sido compradores de buena fe. “Entre las 650 demandas presentadas hay por ejemplo en ‘Michoacan’ aproximadamente 20 demandas; en Codazzi aproximadamente 25 y nos falta por supuesto estudiar los 2000 casos este año en adelante. Los casos que llevamos no son de las mineras sino más bien de terceros que cogió a la víctima, le compró barato y vendió en 10 o 20 veces más a las mineras”, concluyó.
Este tire y afloje no es nuevo, pero esta vez hay un actor nuevo en el proceso que a través de espacios académicos como el de la mañana de este lunes, pretenden dar garantías a las víctimas del despojo y el desplazamiento.
“Se deben tener unos parámetros claros de cómo debe operar la minería en zona de conflicto como el Cesar, cómo debe tener una prevalencia la atención a las víctimas, la reparación y restitución de sus tierras y cómo debe prevenirse mitigarse los daños ambientales”, finalizó la subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, ente con más de 30 años de experiencia en asesorías a entidades de nivel nacional e internacional.
“Las rentas mineras no son lo que parecen”
El economista Luis Álvaro Pardo, director del Centro de Pensamiento Colombia Punto Medio, fue uno de los conferencistas de la jornada. El profesional expresó su preocupación ante los grandes intereses de las compañías mineras en Colombia, que pasan por encima de los derechos humanos, según su tesis.
“La mineras no pagan impuestos en Colombia pero si se llevan nuestros recursos, etc. Dentro de esa revisión del modelo minero tenemos que revisar el tema de derechos, hay derechos que están siendo desconocidos inclusive de nuestra carta política, desconociendo de personas que tienen sus fincas y llega un minero que le dice que tiene que irse porque ese es un sector de utilidad pública, de interés nacional entonces tiene que entregar su finca o lo tienen que expropiar y le pagan a precio de los que diga el IGAC”, afirmó el economista.
